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La Cámara Federal le dio la razón al juez Sebastián Casanello y le ordenó al Ministerio de Capital Humano que proceda a distribuir los alimentos que tenía arrumbados en los galpones de Tafí Viejo y Villa Martelli.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico resolvieron ordenar a la cartera que conduce Pettovello que «elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, algo que el Gobierno no cumplió.
El tribunal señaló que en el expediente «se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios».
«Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos», reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
