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Por Alejandra Dandan, en Página|12. “Es un momento de muy fuerte emoción, quizá uno de los momentos más fuertes en mis cuatro años como comisionado”, expresó el brasileño Paulo Vannuchi, encargado de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Esta institución agradece el honor de estar con personas, Abuelas, Madres, militantes, tan importantes en la historia de los derechos humanos de nuestra América, por su trabajo, por lo que ha significad para el pueblo con una presencia muy fuerte del Estado argentino”.
Ese inesperado y contundente pronunciamiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se oyó en la audiencia pública celebrada ayer en Montevideo en el marco del 165 periodo de sus sesiones ordinarias. Acababa de terminar parte de la presentación del caso argentino llevado a la audiencia por trece organismos de derechos humanos que le reclamaron al Estado la regresión discursiva y de políticas públicas en el proceso de memoria, verdad y justicia. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, encontró en aquellas palabra un “aliento del alma”.
La contraparte argentina estuvo representada por el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, anclado en un diálogo imposible y recargado que volvió a encuadrar el diagnóstico en “falsas afirmaciones fundadas en prejuicios basados en intereses partidarios”. Cuando las dos partes concluyeron el primer tramo de intervenciones a sala llena y cuando sólo se esperaban preguntas de los comisionados, los integrantes de la organización de la OEA sorprendieron con el reconocimiento a la lucha de los organismos y una dura exhortación al Estado argentino a buscar un mecanismo de diálogo que no cuestione los acuerdos básicos del pacto democrático.
“También en Alemania siempre hay presiones para alguna regresión y la democracia de Alemania no transgrede: el holocausto de Alemania fue lo que fue –expresó Vannuchi—, el nazismo fue lo que fue. Y el terror de Estado de Argentina fue lo que fue y debe existir ese nuevo consenso en la nueva Argentina democrática”, dijo.
“En ese sentido solo me cabe un pedido al Estado argentino -dijo– que de hecho siga en una posición que fue simbolizada por un hecho importante el 24 de marzo del año pasado cuando el presidente Mauricio Macri llevó a Barack Obama al Parque de la Memoria. Eso tenía un fuerte significado. Que el tema no es de derecha o de izquierda, sino de Estado. Pero la foto muy bella es una foto que obliga, que crea compromisos: los compromisos se merecen que el gobierno busque mecanismos de diálogo desde sus autoridades. Y claro, en las democracias seguirán siempre los desacuerdos, las cifras, los números, pero dentro de un pacto fundamental en el que Argentina era la referencia”.
En esa sintonía, con una la sala que aplaudió efusiva, se oyó enseguida al presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren, relator para los casos de Argentina en un continuado de intervenciones que parecían adelantar en el tono urgente del vivo aquello que en otras ocasiones hubiesen dejado en manos de los comunicados. “Quiero reafirmar que la posición institucional de la CIDH, la lealtad con su historia está claramente vinculada la lucha por la verdad, la justicia y la memoria, no a la impunidad”, dijo Eguiguren.
“Hay temas que son verdad histórica: la dictadura, las desapariciones, los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y en eso seguirá siempre. No importa quienes estemos en ella”. El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña del 2 x 1 y la interpretación de la Corte Suprema en el caso de Fontevecchia y D’Amico, que implica el desconocimiento de los fallos de la Corte Interamericana, y que se sigue tramitando ante ese organismo.
La audiencia se hizo a la sala llena en el Palacio Legislativo uruguayo. Fue la cuarta del día. Hubo representantes de los organismos de derechos humanos de todo el país, estuvo Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora. Hubo integrantes de organizaciones sindicales que tuvieron su audiencia durante la mañana e integrantes del Comité Nacional por la Libertad de Milagro Sala llegados a Uruguay desesperados a esperar una respuesta de la reunión de seguimiento de la cautelar que mantendrá hoy la CIDH con peticionantes y el Estado argentino.
La presencia abrumadora en la sala fue un dato para la Comisión. Vannuchi dijo que el sábado hicieron un encuentro con organizaciones argentinas previsto para 50 personas, pero con una inscripción de 250 que obligó a buscar nueva sala y albergar finalmente a 130 inscriptos. Esos datos representan, dijo, “una prueba viva de que la Comisión se debía un área nueva (como esta Unidad recientemente creada) sobre estos temas vigentes en Argentina, Honduras, Brasil, Guatemala, México”, mencionó entre otros países de la región donde avanzan retrocesos parecidos.
Por los organismos de derechos humanos habló Estela de Carlotto, el abogado de Abuelas Alan Iud y la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa. Por el Estado, Avruj y el coordinador del Programa de Memoria, Verdad y Justicia, Mariano Fridman. Cada uno tuvo quince minutos. Luego hablaron los comisionados. Y luego respondió cada parte.
El discurso público de regresión
La presentación argentina describió el cuadro de retrocesos de los tres poderes del estado en base a un informe consensuado por todos los organismos. “Ese sostenido y progresivo avance en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri”, dijo Palmas Zaldúa en la introducción. “Desde entonces, distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando en ciertos casos al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema y la Cámara Federal de la Casación, donde se adoptaron criterios y decisiones claramente regresivas. Para completar el panorama preocupante, el Poder Legislativo tiene políticas públicas sobre la materia pendientes de implementación”.
Iud detalló los retrocesos en Justicia, el 2×1 “violando la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad” y los fallos de Casación que niegan el carácter de lesa humanidad a los crímenes como Capilla del Rosario y el propietario de la Veloz del Norte. Todo eso incluido en una dinámica de derrame en la que el Poder Judicial, aclaró más tarde, “es bien permeable al contexto político”. Ahí introdujo la preocupación por fiscales y la procuradora Alejandra Gils Carbó “cuestionada en su independencia que también es garantía de acceso a la justicia de las víctimas”.
Estela de Carlotto, que fue la encargada de cerrar la intervención y leer el petitorio, explicó que esas políticas “no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto: en estos años, han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de ‘guerra’ y ‘reconciliación’. El propio presidente omite referirse a estos hechos como ‘terrorismo de Estado’ o ‘crímenes de lesa humanidad’”. Habló de la reimplantación de la teoría de los dos demonios, mencionó a la ministra Patricia Bullrich con aquello de “ángeles y demonios”. “Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve abierta o solapadamente desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta ilustre Comisión, que tan importante fuera en los momentos más duros de nuestra historia, buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”.
Recargado
Avruj marcó el tono en el comienzo. Una intervención pretendidamente dialoguista que obtura toda posibilidad de diálogo en cada afirmación. “Nuestro programa de acción se sustenta en el respeto irrestricto de los derechos humanos”, dijo y “nuestra presencia aquí es para rechazar al mismo tiempo toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento. Nosotros hablamos con nuestros actos y con datos”, dijo, para dar respuesta a “las falsas y distorsionadas afirmaciones que teñidas de prejuicios y sostenidas en convencimientos ideológicos y partidarios son reiteradamente puestas de manifiesto desde meses” “y fueron parte hasta hoy de una campaña de desprestigio y comparación con la dictadura militar, su pensamiento, sus agravios y prejuicios que no podemos aceptar desde ningún punto de vista como tampoco se expresó en contra de esos procedimientos en las elecciones del pasado domingo 22”.
Habló de “indicadores de eficiencia mayores a los heredados, lo que sospecho debe representar un profundo pesar para miembros de la gestión anterior que ven superados sus alcances en la materia”. Cada tanto la sala murmuró. Él siguió. Dijo que la “lógica de la violencia de los años 60 y 70” aún no cicatriza pero que “los derechos humanos no fueron inspiración de ninguno de los actores involucrados”. Hizo una referencia a “la guerra sucia”, después dijo que lo hizo para responder a lo que le había leído anticipadamente como una impugnación, pero para aclararlo dijo que el uso del término se basaba en un libro de la APDH de 1988 prologado por Horacio Verbitsky.
Fue Palmas Zaldúa más tarde la que le respondió: “Es fuerte escuchar la palabra guerra sucia -dijo—, un concepto que se ha sacado de los años 80 y se ha traído al año 2017 cuando pasaron casi 14 de procesos judiciales donde todas las sentencias hablan de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, ninguno de esos conceptos hemos escuchado hoy por parte del secretario de derechos humanos de la Nación, y lamentamos enormemente”.
Iud afirmó: “Las señoras que están aquí (las Madres y las Abuelas) no son ni serán funcionarias de ningún gobierno”.
Desde la Comisión, Vannuchi lamentó que no hubiera una presencia “más fuerte del Poder Judicial porque muchas de las peticiones son direccionadas a cambios en esa área también, o amenazas, o peligros de regresividad”. También habló de los números. Allí habló de la necesidad de consensos de la democracia “para no volver a la idea de los dos demonios, la caracterización de terrorismo de Estado por tanto, los pactos sustantivos de oposición, de izquierda y derecha, Argentina o Alemania, deben trabajar sus disputas dentro de este acuerdo común”.
Cuando la Comisión terminó y luego de las respuestas de los abogados de los organismos, Estela de Carlotto pidió la palabra. “Para nosotros es un alimento al alma haberlos escuchado a ustedes”, les dijo aliviada. “Yo digo que las palabras que pronunciaron nos han hecho muchísimo bien en este momento donde la depresión parece ganar más que el ánimo. Pero llevamos cuarenta años, no nos vamos a deprimir, vamos a seguir luchando con la misma honestidad, con la verdad en la mano, lo peor que hay es que nos mientan. Eso es inaceptable porque creo que no lo merecemos”.
