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Este sábado fue la última jornada de trabajo en la provincia, para recepcionar denuncias y testimonios de personas que fueron víctimas de la violencia institucional desplegada en Jujuy, desde junio de este año en el marco de movilizaciones y expresiones de rechazo al proceso de reforma parcial de la Constitución provincial.
Se trata de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional, que fue creada por decreto por el presidente Alberto Fernández, que tiene plazo hasta el próximo 5 de diciembre para emitir un informe que se entregará al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Integrantes de ese cuerpo investigativo estuvieron 48 horas en la provincia para completar su tarea de recopilación de denuncias. Hasta el último minuto de trabajo recibieron alrededor de 500 denuncias.
El informe final será entregado además a las autoridades de la provincia, a organismos internacionales de derechos humanos y a los abogados de las víctimas.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Leonardo Pérez Esquivel, sociólogo, sindicalista y referente de derechos humanos, detalló: «Hemos estado relevando comunidades en distintas zonas de la provincia y ahora estamos en San Salvador para recoger más testimonios sobre la represión».
Pérez Esquivel relacionó los hechos que investigan con los secuestros y detenciones cometidos en 1976 por el aparato represivo de la dictadura cívico militar en el Ingenio Ledesma, donde se usaron camionetas de la empresa: «Ahora han usado camionetas Amarok con policías con uniformes y de civil, que recorrían haciendo detenciones y entrando en casas sin órdenes judiciales, de forma violenta».
«Estas son situaciones que no deberían ocurrir -continuó-. En su momento dijimos Nunca Más para que pueda haber una convivencia democrática. Y a nosotros nos parece que este informe va en camino de ese objetivo, que haya una reconstrucción de la convivencia democrática, como un balizamiento del camino que indique que la democracia no puede aceptar este tipo de represión o de persecución».
Remarcó luego que estos hechos represivos y persecutorios no ocurrieron solamente en los meses en que se discutía la reforma constitucional, sino que «siguen hasta ahora con sanciones, intimidaciones y muchas contravenciones» con las que, aseguró, «se busca disciplinar».
Más allá de los hechos relacionados con la represión a las protestas contra la reforma, Pérez Esquivel mencionó «reclamos históricos que no están resueltos», y enumeró: «La situación de los docentes, que no se haya terminado el relevamiento de tierras, conflictos de comunidades originarias con emprendimientos empresarios, principalmente mineros, que afectan la provisión de agua».
«Estos problemas son en parte estructurales, pero hay ciertas políticas que el Estado democrático debería asegurar, como es el acceso al agua para beber, para permitir la cría de animales y para riego, porque hay emprendimientos que ponen en cuestión la subsistencia de la gente», señaló.
El informe que entregará la Comisión al Poder Ejecutivo tendrá «recomendaciones», indicó quien es además hijo de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1979 y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). «Esperamos que sean escuchadas y que esa convivencia se pueda restaurar», señaló.
‘Gravedad preocupante’
Los centenares de testimonios y relatos que vienen escuchando muestran, según señaló Mariana Katz, abogada del Serpaj, una situación de «gravedad preocupante», y comentó: «Violencia institucional no implica solo que la policía te pegue con una cachiporra; es mucho más amplio, como no atender a personas heridas en un hospital», en referencia a lo ocurrido el 20 de junio en San Salvador de Jujuy, cuando se negó asistencia a quienes presentaban lesiones por el accionar represivo.
«Estamos haciendo un análisis mucho más profundo para ver quiénes dan las órdenes, porque todo esto es vertical y jerárquico”, precisó Katz.
Por su parte, Alicia Montoya adelantó que la semana que viene van a entregar su informe al Poder Ejecutivo, quien se ocupará de elevarlo a la Cámara de Diputados y a la Corte Suprema de Justicia.
