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El cacique Néstor Jerez y otros integrantes de la comunidad indígena Tilquiza, del pueblo Ocloya, se presentaron este lunes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para tomar conocimiento de la imputación que pesa sobre nueve personas que fueron detenidas en el marco de un desalojo irregular ordenado por el fiscal Alejandro Maldonado.
Se trata de seis mujeres y tres hombres que fueron detenidos el 14 de septiembre cuando reclamaban la apertura del camino comunitario que lleva a sus territorios ancestrales, que fue cerrado por el empresario Daniel Verzini.
“Hoy tomamos conocimiento formal de lo que se nos acusa, estamos imputados por turbación de posesión y entorpecimiento de circulación y tránsito, designamos abogados y nos negamos a declarar”, informó Jerez, y adelantó que van a pedir la nulidad de todo el procedimiento y el sobreseimiento de los imputados por considerar que todo el procedimiento fue irregular.
El referente indígena señaló: «Nos preocupa cómo está actuando la justicia de Jujuy, con violencia institucional y con la violación sistemática de nuestros derechos como pueblo indígena», y recordó la normativa vigente, las leyes nacionales, la Constitución Nacional y los tratados internacionales que impiden que se lleven adelante desalojos de comunidades originarias.
«Existe un protocolo de abordaje de la cuestión indígena que el fiscal general Sergio Lello Sánchez se había comprometido a cumplir, pero aquí se omitió en su plenitud», afirmó Jerez, y agregó: «El fiscal Maldonado tenía las herramientas para actuar previo al desalojo, pero no las usó».
Jerez advirtió: «Esto es un adelanto de lo que se busca legalizar en la reforma de la Constitución provincial presentada unilateralmente por el gobernador, para la que no fuimos consultados ni tuvimos participación».
«Esto es lo que se viene para las 400 comunidades indígenas de Jujuy, que quedarán expuestas a la inseguridad jurídica», afirmó.
