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La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y dos jueces de la corte penal del país comenzaron a ser investigados por el Supremo Tribunal Federal por una denuncia sobre obstrucción de la justicia para impedir el avance de la Operación Lava Jato.
La decisión, conocida una semana antes de la sesión final que puede definir la destitución de Rousseff, fue tomada anoche por el juez Teori Zavaski en virtud de la delación premiada hecha por el detenido ex senador Delcidio Amaral, ex líder del Partido de los Trabajadores en el Senado.
En el fallo que abre un pedido del fiscal general, Rodrigo Janot, también serán investigados el abogado de Rousseff y ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo; el ex ministro de Educación Aloizio Mercadante; el propio Amaral y dos jueces del Superior Tribunal de Justicia, máxima corte penal y civil de Brasil, Marcelo Navarro y Francisco Falcao.
En su declaración, Amaral acusó a Rousseff de haber conversado con los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -una tercera instancia del sistema jurídico que está por debajo del Supremo Tribunal Federal- para permitir la liberación de detenidos en la Operación Lava Jato, entre ellos Marcelo Odebrecht.
La presidenta suspendida siempre negó estos hechos y los atribuyó a la desesperación de Amaral luego de haber sido grabado intentando ayudar con una fuga del país a Néstor Cerveró, ex director de Petrobras condenado por corrupción que había sido su aliado dentro de la empresa durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Cerveró confesó que continuó cobrando sobornos a cambio de contratos durante el gobierno de Lula y cumple prisión domiciliaria, gracias a su acuerdo de delación premiada, en su quinta de Petrópolis, la comarca serrana del estado de Río de Janeiro.
En un comunicado, Rousseff afirmó que «la investigación permitirá determinar dar luz a los hechos y aclarar que en ningún momento hubo obstrucción de la justicia; la verdad prevalecerá».
Esta nueva causa abierta por el juez Zavazski había sido rechazada por el propio magistrado debido a que anuló como prueba una escucha telefónica grabada y difundida en forma ilegal el 16 de marzo pasado por el juez Sergio Moro, que en primera instancia investiga el escándalo en Petrobras, entre Lula y Rousseff, lo que elevó la temperatura política del país.
Los abogados de Lula indicaron que el ex presidente «jamás practicó actos ilegales y no se opone a las investigaciones siempre y cuando sea respetado el debido proceso legal y las garantías fundamentales».
La defensa de Lula acusó al juez Moro de «abuso de poder» y «persecución» ante el comité de derechos humanos de la ONU.
Por la causa Lava Jato hay dos ex tesoreros del PT detenidos por buscar a las empresas vencedoras de contratos para obligarlas a hacer donaciones electorales, además de una decena de ejecutivos de las principales firmas de ingeniería del país que hicieron contratos fraudulentos con la estatal Petrobras.
El caso abarca a todos los partidos y recientemente fueron denunciados por el ex titular de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado en primera instancia, el presidente interino Michel Temer y el canciller José Serra, de haber recibido millones de reales en contribuciones electorales ilegales en los últimos años para sus candidaturas, según la prensa local.
La apertura de esta causa ocurre cuando el Senado se prepara, entre el 25 y el 30 de este mes, a dar el veredicto sobre el juicio político por supuestos delitos contables en el presupuesto 2015 de Rousseff, que denuncia un «golpe de Estado» por parte de su vicepresidente, Temer, y la antigua oposición que forma parte del gobierno interino.
Según todos los análisis, Rousseff no podrá evitar que los que respaldan el juicio político logren el piso de 54 votos para destituirla del cargo.
La mandataria esbozó una reacción política ayer al leer una carta en la que propuso un plebiscito y nuevas elecciones para salir de la crisis política.
Télam
