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La Corte Suprema de Justicia ratificó por unanimidad el procesamiento con prisión preventiva contra el represor Luis Abelardo Patti por el homicidio del exdiputado de la Juventud Peronista Diego Muñiz Barreto. Patti ya había sido condenado a prisión perpetua por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos contra Muñiz Barreto y su secretario, Juan José Fernández.
El máximo tribunal, con las firmas de sus cinco jueces, dejó firme un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado la perpetua por la detención ilegal y las torturas pero lo había desvinculado del homicidio. Los tribunales federales de San Martín habían resuelto «sobreseer parcialmente a Juan Fernando Meneghini y Luis Abelardo Patti, en orden a los delitos de homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio doblemente calificado de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández respectivamente».
En 2012 la Casación anuló ese sobreseimiento y finalmente, tras recorrer otra vez el espinel judicial, Patti fue procesado también por el homicidio.
La defensa del exintendente de Escobar, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, apeló la medida hasta llegar a la Corte Suprema. Corbacho es una activa penalista que tuvo entre sus clientes, por ejemplo, al expresidente Fernando De la Rúa y al motorman del tren de la Tragedia de Once, Marcos Córdoba.
La Corte desestimó la última apelación por razones formales: «El apelante no ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el reglamento aprobado por la acordada 4/2007, por lo que corresponde declarar inadmisible esta presentación directa», adujo.
Patti está condenado y en juicio por varios hechos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pese a que en democracia ocupó diversos cargos, incluso electivos. El exdiputado de la JP Muñiz Barreto fue secuestrado y asesinado en 1977, en un episodio que la dictadura intentó simular como un accidente vial.
Fue elegido diputado nacional en 2005, pero la Cámara de Diputados resolvió que no debía asumir y le privó de sus fueros parlamentarios en razón de las acusaciones que pesaban contra él por delitos de lesa humanidad que dieron lugar a procesos judiciales y en uno de ellos fue condenado en 2011 a prisión e inhabilitación perpetuas.
