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Con un aumento de hasta un 3000% en menos de dos años, muchos usuarios están pagando la factura de Ejesa con tarjeta de crédito. Así lo precisó Alejandro Mur, referente del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (Codecuc), quien trazó un panorama crítico sobre la situación, y planteó la necesidad de revocar la concesión y que el Estado provincial se haga cargo del servicio.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Mur diagnosticó como «de total estado de indefensión» la situación de los usuarios, frente a una empresa a la que describió como «protegida del Gobierno».
El especialista detalló cifras alarmantes respecto al aumento del servicio en el último año y medio. «Entre noviembre de 2024 y abril de este año, 2026, la energía eléctrica aumentó entre un 2500 y 3000 por ciento», reveló.
Este incremento, derivado tanto de la quita de subsidios nacionales como de subas en los cargos locales, ha vuelto a las facturas «prácticamente impagables» para los usuarios particulares pero también para el comercio y las pymes.
El referente de Codecuc comparó la situación local con otros distritos: «Tenemos una de las facturaciones más caras del país. Jujuy es casi el doble de caro que Salta, Córdoba o Buenos Aires».
Las quejas de los usuarios se leen y escuchan a diario, sobre todo en las redes sociales. Pero no solo por el costo del servicio sino por los problemas constantes que implica una gestión deficiente. Mur repasó: «Por viento, por frío, o por mucho calor, el 99 por ciento de los usuarios nos encontramos en total estado de indefensión, porque tenemos una empresa que no es controlada en forma eficiente y oportuna».
Cargos ilegales
Además de las actualizaciones tarifarias, influyen en el importe de la factura de Ejesa las tasas e impuestos que se incluyen. Mur recordó que en octubre de 2024, el gobierno nacional emitió la resolución 267, que se complementa con la ley 24.240 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, referido a los derechos de los usuarios y consumidores.
«En esa resolución se ordenaba a todos los proveedores de bienes y servicios del país a quitar de la factura todos los cargos o rubros que no tuvieran que ver en forma directa y exclusiva con el servicio o producto que comercializa el proveedor -detalló-. Por ejemplo, en Jujuy sería en caso de Ejesa o Naturgy. Pero no lo hicieron».
Mur afirmó que la inclusión de estos cargos «es inconstitucional».
El mecanismo consiste en que la empresa recibe el pago de tasas municipales e impuestos provinciales, actuando como agente de percepción, para luego transferir el dinero a los municipios. Más allá de la normativa nacional, hay otras irregularidades que detectaron desde Codecuc. «Para cobrar de esta manera, las municipalidades deben tener un convenio expreso con Ejesa, pero no todas lo tienen. Y si no existe ese convenio, es un cobro indebido», señaló.
«Me animo a decir que la empresa es una protegida del gobierno, e inclusive de ciertas municipalidades. Porque utilizan a la empresa para cobrar estas tasas, estos impuestos», analizó Mur.
Esa «protección», a su entender, se verifica además en el rol que juega el Estado cuando se plantea un conflicto. Y relató: «A nosotros nos tocó en una oportunidad accionar contra Ejesa. Sale Ejesa con su abogado, su apoderado, a atacar a la Asociación, y por otro lado sale el gobierno a ponerse en el mismo rol, a atacarnos como si fuéramos los enemigos. Cuando nosotros lo que buscamos es simplemente cumplimiento de la ley, defender los derechos y que no se afecte a las personas».
¿Una empresa estatal?
Desde Codecuc sostienen que, frente a un servicio deficiente y la absoluta falta de control por parte del Gobierno, es preciso volver a evaluar la posibilidad de revocar el contrato de concesión del servicio eléctrico.
Actualmente, más del 70% del paquete accionario de Ejesa está en manos de Edison Energía S.A. De acuerdo a la normativa sobre sociedades comerciales, explicó Mur, «Ejesa sería la sociedad controlada y Edison la que controla», por lo que los reclamos deberían empezar a presentarse a nivel nacional, directamente a la controlante.
Esta configuración societaria, por otro lado, llevó a que Ejesa haya dejado de ocuparse del mantenimiento, la reparación y la instalación de redes. En cambio, contrata a otras empresas que se dedican a eso.
«Ejesa prácticamente ya no hace nada. Les paga a estas empresas, que son las que instalan los postes y colocan las redes. Pero eso tampoco ha sido controlado», comentó Mur. Y agregó: «Esto hace preguntarnos quién controla a quién, porque de acuerdo al contrato de concesiones, Ejesa es la que debe dar el servicio y hacer todos los trabajos».
La suma de perjuicios por la deficiencia del servicio de energía eléctrica, que lleva hace años, es para Mur la justificación para aplicarle a la empresa la máxima sanción, que consistía en revocarle el contrato.
En octubre de 2025, se presentó en la Legislatura provincial un pedido formal para el quite de la concesión, una iniciativa sobre la que Codecuc volverá este año, con la nueva composición de la cámara.
«Que venga otra empresa o que se cree una empresa estatal», planteó Mur. Más interesado en la segunda opción, mencionó los casos de Córdoba y Catamarca como ejemplos de distritos donde el servicio está a cargo del Estado. «Sería un gran alivio para los jujeños; pasaríamos a pagar menos de la mitad, incluso una cuarta parte», aseguró.
Finalmente, el referente de los consumidores lamentó la falta de respuesta institucional: «Estamos en un estado de indefensión total. Los funcionarios pasan, pero los ciudadanos somos los que quedamos sufriendo un servicio malo y caro que afecta directamente nuestra calidad de vida».
