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Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial de Mauricio Macri durante su gobierno. Rodríguez Simón es investigado en Argentina por un delito de extorsión y está prófugo en ese país desde el 8 de diciembre de 2020. La defensa adelantó que presentará recurso de apelación.
De acuerdo al fallo, para decidir el pedido de refugio hecho en el proceso de extradición, se tiene un cuadro de alta conflictividad judicial en el Estado requirente, donde el solicitante fue un calificado como asesor de toda confianza del entonces Presidente, actualmente sujeto a indagatoria, pero sin haberse dispuesto su prisión preventiva.
Según el fallo, al momento, se coincide con la primera instancia y la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes periodísticos, «no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse».
La solicitud de refugio presentada por Fabián «Pepín» Rodríguez Simón ya había sido rechazada el 23 de diciembre por la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián. Esa decisión fue apelada por la defensa del operador macrista, por lo que el caso se encontraba en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno.
El exasesor de Macri está en Uruguay desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado.
Según Servini, el exfuncionario «dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021». La estrategia de pedir refugio político en Uruguay, a entender de la jueza, fue una maniobra dilatoria.
En el expediente que intenta eludir Pepín se investiga «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción», según surge de la imputación que obra en la causa.
Servini planteó que el operador macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.
