La justicia federal investigará el acuerdo de Morales para cultivar cannabis en Jujuy

El fiscal federal porteño Guilermo Marijuan investigará el acuerdo de Gerardo Morales con Green Leaf Farms para cultivar marihuana en la Finca El Pongo, a partir de la denuncia del abogado Adrián Krmpotic, quien afirma que no existe ningún marco normativo que permita la producción de droga en la Argentina con fines de comercialización.

Según reveló este domingo el portal El Cohete a la Luna, el jueves pasado Marijuan dio curso a un pedido de investigación preliminar por infracción a la Ley de drogas 27.737. El abogado Adrián Krmpotic pidió entre las medidas de prueba expedientes y testimoniales de Gastón Morales y de Mark Bradley, CEO de la controlante de Green Leaf Farms.

Krmpotic asegura que no hay ningún marco legal que permita la producción de droga en el país con fines de comercialización. “La 27.350 es un paraguas que en realidad se les agujereó por todos lados -señala-. La ley no habla en ningún momento de comercialización del producto, al contrario habla de investigación, experimentación, y además aclara: con el objeto de proveer de manera gratuita a quienes pudieran necesitarlo luego de inscribirse en un registro o para quienes necesiten aceite de cannabis, siempre con carácter gratuito. En ningún caso, habla de habilitación para comercializar, mucho menos para transportar droga y mucho menos para importar o exportar derivados del cannabis: esto no tiene ningún paraguas legal, ni siquiera en la Ley que sancionó la provincia”.

La ley de cannabis medicinal que salió el 29 de marzo de 2017 regula la investigación y el uso de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados a quienes padecen problemas de salud. Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, incorpora para habilitación y monitoreo al INTA y el Conicet y deja la seguridad de los predios e instalaciones a cargo del Ministerio de Seguridad. La Ley se reglamentó en septiembre de 2017 y la Resolución 1537-E/2017 restringió sus alcances para “personas que padezcan epilepsia refractaria, y a las que se prescriba el uso de Cannabis y sus derivados, en base a las evidencias científicas existentes”.

En mayo de 2017, la Legislatura de Jujuy adhirió a la Ley nacional con la Ley 6.012. “Recién en agosto de 2018 el escenario comenzó a cambiar, volverse sospechoso y acelerarse, posiblemente porque estaban los preacuerdos con los norteamericanos”, repasa el artículo, y enumera los hechos que se sucedieron a partir de ese momento: el 3 de agosto Morales pidió al Ministerio de Seguridad una inspección y habilitación para el predio provincial denominado Finca el Pongo; el 14 de septiembre reglamentó la Ley 6.012/17 vía Decreto 6622/18, donde comienza a aparecer alguna línea acerca de la comercialización; el 10 de octubre la Legislatura de Jujuy aprobó Ley 6.088 de creación de Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava S.E.); el 12 de noviembre Morales aprobó el Estatuto de Cannava por Decreto 8037; el 12 de noviembre Mark Bradley de Green Leaf Farms anunció en su página web el acuerdo con Cannava para explotar asociadamente “la mayor plantación de marihuana del mundo”; el 29 de noviembre la Delegación del INTA regional y el Gobierno de Jujuy aprobaron la Etapa 1 del Programa Provincial de Promoción del Cultivo y la Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos, y el 31 de enero el Ministerio de Seguridad de Nación habilitó la finca El Pongo para el cultivo de Cannabis por Resolución 76/2019.

La nota de la periodista Alejandra Dandan menciona otros proyectos de cannabis medicinal que, a diferencia de lo que ocurrió en Jujuy, no consiguieron prosperar. La Fundación Soberanía Sanitaria acaba de publicar un informe con Mamá Cultiva, una de las organizaciones impulsoras de la Ley de cannabis medicinal, donde cita el antecedente del Laboratorio de Producción Pública de medicamentos de Santa Fe que espera hace un año la autorización del Anmar para importar 50 kilos de flores de cannabis donadas por Uruguay para extraer y producir el aceite medicinal. El artículo también cita el caso de un municipio de la provincia de Buenos Aires que pidió asociarse a la Universidad de La Plata para producir aceite y no obtuvo autorización.

En ese contexto, Leticia Ceriani, de la Fundación Soberanía Sanitaria, cree que Jujuy avanzó “no tanto por lealtades políticas sino por negocio: el resto de los proyectos sólo querían producir aceite para tratar a las personas que lo necesitan y en forma gratuita, dice, pero Jujuy además de aceite plantea trabajar en los derivados del cannabis, cáñamo, papel, y exportar lo que resulta en un proyecto económico mucho mejor”, refiere el artículo.

“Sobre cada uno de estos ejes deberá trabajar Marijuan. Y su decisión es importante. Y lo será con cualquier resultado. Si Marijuan define que la comarca con su doble realidad avanza en un proyecto prohibido, debería comenzar una investigación penal sobre los tres poderes de la provincia y los organismos de Nación porque todos firmaron acuerdos. Pero si el proyecto es declarado legal, se abre una discusión distinta”, concluye Dandan, y completa: “Por un lado, en la justicia federal que deberá liberar a todos aquellos detenidos por producción y comercialización de cannabis y sus derivados, es decir gran parte de la población penitenciaria, como dice el abogado Adrián Krmpotic. Por otro, en la industria: un nuevo boom verde, en este caso prohibido en el resto del mundo. Y una habilitación clara para cultivos y comercialización de la planta a escala doméstica. Un beneficio incluso para el nieto de Clara Langhe de Falcone”.

Leé la nota completa:

Marijuan tras la marihuana de Morales

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