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En las últimas horas, se produjo un nuevo hecho que viola el derecho de defensa, que dejan sin garantías constitucionales y de persecución judicial contra la diputada del Parlasur, Milagro Sala. No fue la justicia provincial, fue la federal que denuncia a la abogada que integra el equipo de la defensa de la dirigente social.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy, María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz elevaron una denuncia ante el fiscal federal de turno, a fin de que se investigue la comisión del delito de usurpación de títulos y honores previsto en el artículo 247 del Código Penal, contra la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Sala.
Con la denuncia, dos integrantes del Tribunal Oral Federal quieren impedir que Gómez Alcorta, a pedido de Milagro Sala, integre su defensa en la causa impulsada por Gerardo Morales de 2009 contra la dirigente social como supuesta instigadora de un escrache que tuvo lugar en el Consejo de Ciencias Económicas. Si bien se dictó la prescripción de las amenazas y Morales ya no puede ser querellante –dado que sólo se había presentado como tal sólo por ese delito-, continúa el proceso por daños agravados.
Al momento de presentarse a aceptar el cargo de defensora de Milagro Sala ante el Tribunal Oral Federal, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta hizo saber expresamente por escrito y con el certificado correspondiente, que el 13 de junio tenía fecha de juramento para obtener la matricula federal para intervenir en el interior del país, en la Cámara Federal de San Martín.
Dicha constancia explícitamente refería que hasta esa fecha estaba habilitada para actuar como letrada en cualquier jurisdicción. Los jueces que deberán juzgar a Milagro Sala no sólo rechazaron la posibilidad de que sea defensora sino que la denunciaron porque plantearon que quiso ejercer la abogacía en Jujuy sin estar habilitada para hacerlo.
Cabe recordar que Gómez Alcorta no es el primer caso de violación contra el derecho de defensa contra Milagro Sala. Anteriormente, su abogado Luis Paz fue imputado en una causa armada en la que lo denunciaron por supuestas amenazas a una testigo. Inmediatamente recibió el respaldo de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) y de diversas instituciones vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos.
En igual sentido, la situación sufrida en este caso por Gómez Alcorta, también fue denunciada por la Faca, por el Colectivo Nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad y de diversas personalidades reconocidas en el mundo del derecho.
