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El juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno nacional que brinde información sobre los fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas que habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros.
Las medidas solicitadas alcanzan al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad.
Investigación y montos cuestionados
La causa se inició a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el Gobierno de La Rioja, querellantes en el expediente que investiga el destino de más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Según la presentación de la provincia norteña, al 31 de mayo de 2026 existían más de un billón de pesos colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
La denuncia remarca que en los primeros dos años y medio de gestión se asignaron al sistema aproximadamente 1,5 billones de pesos, pero solo se ejecutaron 394.406 millones para obras y mantenimiento vial, lo que representa una subejecución estimada en el 73,8%.
La imputación efectuada por Tolosa Paz apunta a presunta malversación de caudales públicos agravada por la utilización de recursos con asignación específica en plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
Requerimientos judiciales y amparo colectivo
El magistrado solicitó además a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que detallen si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones vinculadas al fideicomiso del decreto 976/01 y a la cuenta especial SISVIAL desde 2024 hasta la fecha.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak habilitó el trámite de un amparo colectivo presentado por Tolosa Paz para exigir al Estado nacional la reactivación de las obras y el mantenimiento de la red vial financiada por el fideicomiso de infraestructura del transporte.
