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Empleados de la oficina forense cargan el cajón de una de las niñas en la morgue judicial. Foto: AFP

La Justicia paraguaya exhumó los cuerpos de las niñas argentinas baleadas en un operativo militar

La Justicia paraguaya exhumó los cuerpos de las dos niñas argentinas muertas durante un operativo contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El informe del médico forense contradice información previa dada por la Fiscalía. Por su parte, la abogada de Miriam Villalba, madre de una de las menores, denunció que la jueza del caso no les permitió asistir al procedimiento judicial. A su vez el ejecutivo paraguayo pidió la coperación del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Argentina. De esta forma el gobierno guaraní puso en duda la información revelada sobre la identidad de las niñas. Mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se investigue el operativo militar.

Juan Martens, investigador paraguayo experto en el accionar del EPP, cuestionó el manejo de las pruebas que hizo la Fiscalía. “Hay muchos elementos para dudar del procedimiento”, dijo el docente de la Universidad Nacional de Pilar.

Los restos fueron llevados hasta la morgue Judicial de Asunción luego de ser exhumados. Allí el médico forense señaló como edad posible de ambas 11 años y algunos meses. También corroboró características de las heridas. “Tienen entradas de balas de armas de fuego de atrás para adelante, de adelante para atrás también, en ambos cuerpos», detalló.

De esa manera contradijo al médico forense Christian Ferreira, que había examinado los cadáveres antes de su entierro. El viernes pasado, el médico había señalado que las menores recibieron impactos de bala sólo por la espalda. “Probablemente estaban huyendo, es lo que presumimos nosotros, y es lo que dijeron también los integrantes del grupo táctico”, había indicado Ferreira.

El procedimiento se realizó a pedido del fiscal Federico Delfino y fue autorizado por la jueza Lici Sánchez. También participó el abogado asignado por el estado Mario Bobadilla.

Desde Argentina, Daisy Irala, abogada de Villalba, había solicitado la intervención de algún familiar o del cónsul argentino. Pero la magistrada no lo permitió. «Una vez más están negando la posibilidad de que los familiares vean los cuerpos. Es porque están ocultando la barbaridad que cometieron», denunció Irala.

La letrada pidió que los cuerpos sean entregados a los familiares que se encuentran en Argentina. También requirió a la Justicia que presente las filmaciones del operativo. «Tienen miedo que se vea lo que hicieron los militares con las niñas, porque incluso recibimos información de que fueron torturadas salvajemente», indicó la abogada. Sin embargo el informe forense desmintió esa información. «No se ha visto ninguna lesión defensiva en los miembros superiores e inferiores, tampoco signos de tener ataduras, ni signos característicos de tortura», informó Lemir.

El miércoles pasado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del ejército paraguayo realizó un operativo contra el EPP. En un primer momento el presidente Mario Abdo Benítez había catalogado la incursión militar como exitosa. También mencionó que dos integrantes de la guerrilla habían sido abatidos. Con el correr de las horas el ejército informó que se trataba de dos menores de entre 15 y 17 años, que habían participado del enfrentamiento armado. El presidente sostuvo que el grupo contaba entre sus filas con niños y adolescentes. El viernes los familiares de las víctimas revelaron que se trataba de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años y de nacionalidad argentina y que las dos serían hijas de miembros del EPP. El grupo guerrillero actúa en la clandestinidad en Paraguay, por lo que ambas fueron criadas en Argentina. También informaron que habían viajado hacia tierra guaraní para festejar el cumpleaños del padre de una de ellas.

El manejo de las pruebas

El gobierno de Paraguay puso en duda la información que figura en los documentos de las menores. Por lo que pidió al Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Argentina cooperación para avalar esos datos. Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, fue la encargada de publicar la información sobre la identidad de las niñas. De allí se desprende que ambas eran primas. Los padres de María del Carmen eran Osvaldo Villalba y Magna Mesa. En tanto que Lilian Mariana, era hija de la hermana de Osvaldo, Mirian Villalba.

Oviedo Brítez también había divulgado fotos de los cuerpos de la menores tras el operativo del ejército. Allí se las puede ver vestidas con uniformes militares. Según los familiares se trata de un montaje de las Fuerzas Armadas para ocultar lo que fue una masacre. Además criticaron que la Fiscalía haya avalado la quema de los uniformes y el entierro de los cuerpos tan sólo horas después del operativo.

Por su parte, el fiscal Delfino dijo que actuaron de acuerdo con los procedimientos sanitarios por el coronavirus, tomando las pruebas necesarias. El viernes, la Cancillería argentina había pedido el urgente esclarecimiento del hecho. A este pedido se sumó el sábado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La FTC que llevó adelante el operativo había sido creada en 2013 como una fuerza especial de combate. Para Martens el operativo del miércoles es sólo una muestra más de su accionar ilegal. “El Estado destina 1.300.000 dólares al mes para financiar la FTC. Es absolutamente inverosímil que una fuerza de elite no pueda filmar un operativo. Desde hace años venimos documentando sus ejecuciones extrajudiciales, implantación de pruebas y abusos”, sostuvo el especialista. Para el abogado el gobierno hace uso de esta fuerza cada vez que quiere tapar un hecho de impacto social. “Ahora que surgieron denuncias de corrupción contra el gobieno por los gastos de la pandemia, aparece una confrontación con el EPP”, sostuvo el docente.

Por Juan Manuel Boccacci, en Página/12

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