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La jueza federal María Servini reiteró que el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal el 2 de julio de 1976, atribuido a la organización Montoneros, no puede considerarse delito de lesa humanidad y ratificó así su negativa a reabrir la investigación.
La magistrada volvió a tomar una decisión en ese sentido luego de que en junio del año pasado la Cámara Federal porteña declaró nula una decisión suya al respecto y le ordenó volver a analizar el tema, a pedido de un grupo de querellantes que se presentó en 2021. Servini rechazó por segunda vez reabrir la causa, en una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal porteña.
En su nueva resolución, la jueza ratificó que es «cosa juzgada» por jurisprudencia de tribunales superiores la decisión de no considerar de lesa humanidad a los hechos del 2 de julio de 1976, que se consideran prescriptos. Se trata del atentado explosivo al comedor de Coordinación en la PFA en Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires, que causó 24 muertos y al menos 60 heridos.
En su primer rechazo al planteo de reapertura, la magistrada había tomado esa decisión «in limine», es decir, sin analizar los argumentos de los querellantes y basada en la prescripción por no ser delito de lesa humanidad. En esta nueva resolución analizó los argumentos por orden de la Cámara Federal y llegó a la misma conclusión.
El 10 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ya rechazado por «inadmisible» un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.
Servini reiteró ahora que es «cosa juzgada» y que la discusión «acerca de la calificación de los delitos investigados se encuentra agotada», en sintonía con un dictamen fiscal que también rechazó reabrir la investigación.
“Fueron mis superiores, quienes ratificaron y concluyeron que el suceso criminal acontecido el 2 de julio de 1976 en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina atribuido a la organización Montoneros no configuró un delito de lesa humanidad ni un crimen de guerra», puntualizó la jueza en el fallo.
Tampoco fue «un acto de terrorismo en los términos de la definición prevista en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ni una grave violación a los derechos humanos», agregó.
Política de Estado
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) difundió un comunicado en el que destaca la resolución de la jueza Servini al rechazar «un pedido realizado por asociaciones defensoras de represores que buscan reabrir una causa por los hechos ocurridos el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal».
Desde 2001, recordó el organismo, la Justicia sostiene ininterrumpidamente que el accionar represivo del Estado durante la dictadura cívico-militar constituye crímenes de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptible; y que hay un deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas. Y que ninguno de esos elementos se aplica a los hechos cometidos por organizaciones políticas, como ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diferentes tribunales en esta y otras causas.
La justicia federal ratificó que la actuación de organizaciones políticas de los 70’s no son crímenes de lesa humanidad y ya prescribieron al rechazar la solicitud de agrupaciones defensoras de represores que buscan reabrir una causa por los hechos de Superintendencia de… pic.twitter.com/ZPzNvGN7sz
— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) September 5, 2023
Desde la SDH advierten que este tipo de denuncias «intentan equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la ‘teoría de los dos demonios’ para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas».
En este sentido, recuerdan que, amparados en normas nacionales e internacionales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han comprometido desde hace 20 años en llevar adelante las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
«Como parte de esa política de Estado, ya se han realizado más de 320 juicios orales y públicos con la condena de casi 1200 represores en un proceso que ha respetado todas las garantías constitucionales y que es reconocido como un ejemplo por todo el mundo», remarcaron.
Sobre el final, afirma que «estas políticas de derechos humanos son parte esencial de la construcción de estos 40 años de democracia y, junto a nuestras Madres, nuestras Abuelas, familiares y sobrevivientes, el pueblo argentino ha salido en su defensa cada vez que estas han sido amenazadas porque no hay democracia sin justicia, sin memoria, sin verdad y sin reparación».
