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La Justicia rechazó la mayoría de las acciones contra la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aseguró Amnistía Internacional (AI) Argentina, que realiza un monitoreo de la implementación de la norma desde su aprobación el 30 de diciembre de 2020.
AI precisó que, de acuerdo con el seguimiento realizado, «se iniciaron al menos 31 demandas», de las cuales «27 buscan que se declare la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales», tres consisten en reclamos civiles y penales contra los responsables de su aprobación, y «una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho».
Desde su promulgación el 14 de enero último, «mayormente se demandó al Estado nacional, que registra 17 causas en su contra, frente a las 10 que se iniciaron contra los Estados provinciales», consignó la organización en un comunicado.
Del total de las demandas, la mitad «fueron consideradas inadmisibles», algunas con fallos firmes, a lo que «se suman el rechazo y la suspensión de los efectos de las únicas dos medidas cautelares dictadas hasta el momento», destacó el documento.
«La tendencia de rechazos a las acciones iniciadas da cuenta de la poca permeabilidad del poder judicial a las embestidas que buscan derribar la ley», expuso Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
«Celebramos que la justicia esté actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal», agregó.
El comunicado indicó que este miércoles, al cumplirse seis meses de la aprobación legislativa, la organización «estará disponible para que las personas puedan denunciar en caso de que encuentren barreras al momento de acceder a una IVE».
