El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Los jóvenes del Frente de Todos que trabajamos comprometidamente en el territorio y padecemos la ausencia del Estado y las secuelas que provoca que niños, jóvenes y adultos que comen una vez por día, el avance de las adicciones, la deserción escolar y universitaria y la falta de oportunidades laborales, nos vemos en la obligación ética de manifestar nuestro más contundente apoyo a la Ley de Emergencia Alimentaria, como herramienta para paliar la miseria a la que nos han empujado las políticas de recorte del Gobierno provincial y nacional.
Entendemos que el derecho a la alimentación y nutrición previsto por la Constitución Nacional, es una obligación prioritaria, indelegable y constitutiva del Estado. De esta manera, ante el aumento de personas que necesitan de la asistencia del Estado, solicitamos a nuestros legisladores, al gobernador y sus ministros que aprueben y apliquen de manera urgente el proyecto de ley de emergencia alimentaria presentado por distintos legisladores en la legislatura para que sea tratado el día martes 24 de septiembre en sesión especial solicitada oportunamente por diputados de la oposición.
Al mismo tiempo, repudiamos la soberbia y autoritarismo del gobernador Morales, para quien esta ley intenta “politizar” la pobreza. Le recordamos que la pobreza no sólo es un problema político, y uno que lejos de resolver, han promovido, sino que también es una realidad objetiva e innegable, es una cuestión social concreta y medible que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos y privados, provinciales, nacionales e internacionales.
El país entero está discutiendo la Ley de Emergencia Alimentaria y creer que la provincia está aislada de eso, y que los programas que tiene son suficientes, es querer negar la realidad que vivimos día a día sus habitantes. Que el plan Jujuy asiste y reactiva sea una medida superadora es una falacia a todas luces, ya que el mismo no destina específicamente recursos al ministerio de desarrollo humano, como si lo hace al ministerio de seguridad ($265.673.440,00), al ministerio de desarrollo económico y producción ($527.600.000,00) y el ministerio de turismo ($252.150.000,00).
Las estadísticas de todas las agencias disponibles dejan en evidencia que ni este programa, ni el Plan Comer En Casa y el Plasonup son efectivos para disminuir los índices de desnutrición y no constituyen, por sí mismos, una herramienta eficaz para garantizar la alimentación adecuada y digna a una población que, según los últimos datos de la Isepci, cuenta con un 50 por ciento de niños y adolescentes soportando insuficiencia alimenticia.
Resulta indignante la discrecionalidad del gobierno provincial que no tiene reparos en pagar 520 millones de pesos en concepto de intereses de deuda, pero se muestra indolente a la hora de cumplimentar con un derecho tan elemental, como lo es el que trata la ley.
Entendemos que las consecuencias de la desnutrición o malnutrición, sobre todo en jóvenes y niños, acarrea consecuencias estructurales incalculables e irreparables para el tejido social, por lo tanto, exigimos impetuosamente a nuestros representantes parlamentarios y al gobernador que intervengan de manera inmediata ante este flagelo que estamos padeciendo los habitantes de Jujuy.
