“La Legislatura de Mendoza confirmó su racismo institucional”

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una resolución que considera que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. Gabriel Jofré, werkén de Malalweche, comunidad mapuche del sur mendocino, analiza las graves consecuencias que puede traer esta medida negacionista.

Por Gabriel Jofré*. La Legislatura de Mendoza profundizó su defensa corporativa y confirmó su racismo institucional, votó pasando por encima un debate muy amplio de casi un mes y que ha tenido un montón de fundamentaciones. En los medios el debate fue desigual porque los investigadores del Conicet fueron censurados y hubo medios que repitieron que el mapuche no existe, también nos llamaban pseudo mapuche y mapuche truchos.

Ahora en la legislatura tenemos 30 diputados provinciales racistas que han decidido no solamente declarar no originario al pueblo mapuche de Argentina, sino que también están avanzando sobre la ley 26.160 –que ordena realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas– pidiendo la nulidad del decreto de necesidad de urgencia que le ha dado prórroga.

Esto afectaría a miles de comunidades en el país.

A fines de enero, a partir de la ley 26.160, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a tres comunidades mapuche en Mendoza. Son el lof Suyai Leufu, El Sosneado y Limay Kurref, que salieron publicadas en el Boletín Oficial.

Esas comunidades disputan territorio con dos grandes corporaciones: Sominar S.A. (Sociedad Minera Argentina) que tiene 400 mil hectáreas, y Grupo Las Leñas, dirigido por el principado de Malasia y que tiene 500 mil hectáreas, formada por dos S.A: Valle Mendocino y Nieves de Mendoza.

Avanzan con esta declaración porque empezamos a tensionar los territorios que tienen concentradas las corporaciones extranjeras. Wallrock es un fondo de inversión que es socio importante de estas sociedades anónimas.

¿Esos son los mendocinos y argentinos, esas empresas con nombres argentinos pero que en realidad son holding de inversión extranjera, y no las comunidades mapuche que vivimos y poblamos el territorio?

Las personas que votaron esto tienen un alto grado de afectación en sus intereses y se le han complicado sus negocios por el simple reconocimiento de la ocupación indígena. Aún falta que varias comunidades más hagan el proceso de reconocimiento de la ocupación.

Nosotros estamos pidiendo urgentemente continuar el relevamiento y las personerías jurídicas que ya están solicitadas hace años porque la provincia de Mendoza institucionalmente no tiene registro del pueblo indígena y eso es algo que venimos reclamando también hace tiempo.

Uno de los argumentos de ellos es que no han sido consultados, cuando en realidad se han hecho todas las comunicaciones correspondientes. Trabajan con la mentira, con la noticia falsa. Esta campaña en contra del pueblo mapuche se inicia porque ellos ven que es un tema que les contiene el voto y se lo disputa a otros sectores más ultraderecha que ellos ahora.

Hoy lo que nos preocupa es el impacto que esto puede tener sobre las comunidades. Si bien entendemos que esta resolución no tiene carácter vinculante porque es una declaración y no una ley –no se animaron a tanto–, a partir de esto pueden empezar a generar planteos de ley. Una declaración de estas características de una de las cámaras puede generar un impacto en algún juez o jueza díscolo y generar una sentencia retrógrada o que implique un retroceso como es esta declaración.

Esta decisión que se tomó en Mendoza se vincula con las detenciones de dirigentes sociales, con la persecución constante a los asambleístas por el agua, como por ejemplo Nora Moyano, que hace tres años que está procesada por manifestarse cuando quisieron modificar la ley 7.722 de protección del agua en Mendoza. Y se vincula también con la censura a sectores sociales, ambientales y sindicales. Sobre todo, los sindicatos de la universidades donde los investigadores han sido censurados por la propia universidad vinculada al mismo partido político del rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que pertenece al oficialismo que es el Frente Cambia Mendoza, el radicalismo y Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Nosotros estamos firmes y contamos con la solidaridad de distintas organizaciones. Vamos a generar todas las medidas de protección administrativas y jurídicas, pero lo que más nos preocupa es cómo va a repercutir esto en el día a día, cómo este discurso de odio plasmado en una pieza legal entre comillas, puede envalentonar o de alguna manera legitimar que algunas personas hagan presión sobre las comunidades que son cientos de familias.

Esto nos lleva a escenarios muy diferentes, que es realmente lo que ellos esperan, y que se confirme lo que vienen diciendo que aún no han podido confirmar, que es que nosotros somos los violentos y los que invadimos.

Tenemos que darnos una estrategia constante de protección, de cuidado y también creemos que la mejor protección es movilizarnos. Esto no es sólo contra el pueblo indígena, sino contra todas aquellas organizaciones o colectivos que demandan derechos. En Mendoza se está viviendo un retroceso increíble de la democracia y de las condiciones de incorporación de derechos que han costado tanto a la humanidad en su conjunto.

*Werkén de Malalweche, comunidad mapuche del sur mendocino. Publicado en revista Cítrica