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La libertad condicional otorgada a Mirta Guerrero incluye requisitos imposibles de cumplir

El jueves pasado, Mirta «Shakira» Guerrero obtuvo la libertad condicional a la que debió haber accedido en agosto de 2020, cuando cumplió los dos tercios de la condena a seis años de prisión que recibió en el juicio conocido como Pibes Villeros. Los requisitos que le impuso la justicia ponen en riesgo el beneficio: debe encontrar un trabajo en relación de dependencia en diez días y continuar a su propio costo el tratamiento psicológico que le suspendieron el año pasado.

En contrario a lo que podría suponerse, la libertad condicional para Guerrero no implica una mejora de su situación. Entre los requisitos habituales, como estar a disposición de la justicia y no consumir alcohol ni estupefacientes, le impusieron dos de difícil cumplimiento: debe acreditar en cinco días que sigue un tratamiento psicológico y conseguir un trabajo en diez días.

«Lógicamente tiene que trabajar, no puede estar al ocio. Pero le pusieron un plazo de diez días corridos en los que tiene que acreditar que está en una relación de dependencia laboral», detalló Alejandra Urzagasti, su abogada, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). Y planteó: «La provincia está en una situación de inestabilidad económica, de desempleo. ¿De qué va a trabajar Mirta, si recién sale en libertad y tiene que reacomodarse psicológicamente?»

Sin trabajo ni recursos, surge como imposible cumplir con el plazo que le impusieron para su tratamiento. «Hoy en día, si no tenés sobra social tenés que sacar turno y esperar a que te atiendan en el hospital Sequeiros.  Y Mirta no tiene recursos para ir a un médico psiquiatra particular», argumentó. De hecho, pasados cinco días en libertad condicional, todavía no consiguió el turno correspondiente.

La cuestión de los plazos que le impusieron tanto para conseguir un trabajo como para acreditar el tratamiento no está prevista por la ley. «Lo único que establece la ley para llegar al beneficio de libertad condicional es que se cumpla con los informes, que no sea una persona de riesgo, que tenga buena conducta y que cumpla con lo del psicólogo», precisó Urzagasti.

En este contexto, Shakira está tratando de iniciar un emprendimiento laboral en su propia casa. «Estamos tratando de armar algo que no le revoque la condicional», explicó la letrada.

Trabas y chicanas

Guerrero cumplió los dos tercios de su condena en agosto del año pasado. Desde entonces, el mantenimiento de la prisión domiciliaria fue irregular. Urzagasti interpretó que la demora se debió a «trabas y chicanas durante un año, sin que el juez emitiera la resolución», en referencia al juez de ejecución Emilio Cattan.

«Yo calculo que estuvieron especulando; lo estiraron hasta más no poder», analizó Urzagasti, y agregó: «Porque a partir del juicio Pibes Villeros se fueron armando un montón de causas pequeñas, y todo suma. Estaban esperando otra condena para ver si en global de las penas evitaban que llegue a la condicional».

Las causas que, de acuerdo a la letrada, le armaron a Guerrero tienen que ver con unos certificados de residencia que aparentemente serían falsos y con una acusación de robo en poblado y en banda en el barrio de la Tupac. Además, está la condena a tres años y tres meses que se le impuso en 2017 por el supuesto robo de una cámara a Jorge Lanata ocurrido en 2012. Sobre las dos últimas, hay recursos presentados en Casación a la espera de su resolución.

«Fue todo una trama política del gobierno para usar la figura de la Tupac para las elecciones y sacar un rédito político. En épocas de elecciones, su única bandera política es decir que conseguimos la paz, como si hubiéramos vivido un caos. Pero el caos es el que se vive ahora, la gente no puede más», señaló Urzagasti.

Detenida el 28 de julio de 2016, Guerrero estaba con prisión domiciliaria desde octubre de 2018. Durante su detención en el penal de Alto Comedero había sido operada, y durante el juicio oral de Pibes Villeros tuvo complicaciones. «Le hicieron subir cuatro pisos por escalera recién operada, tuvo una eventración y no tuvo atención», repasó la abogada.

«Fue duro, porque Mirta no tiene obra social. Y en la pandemia no la llevaban al médico y le suspendieron el tratamiento psicológico. La notificaron de que tenía que proveerse sola de la medicación, que no es de venta libre», describió.

Precisamente la falta de tratamiento psicológico fue uno de los argumentos que sostuvo la Fiscalía para oponerse al otorgamiento de la libertad condicional. «Es un absurdo», afirmó Urzagasti.

La abogada señaló al juez Cattan y al fiscal de Cámara Miguel Ángel Lemir -«que actúa obviamente, bajo las directivas de (Sergio) Lello»- como los responsables de las dilaciones en el otorgamiento de la libertad condicional.

«La presión psicológica que ella sufre ahora es el doble que cuando estaba privada de su libertad -describió-, porque todo se arma para ejercer presión que les lleve a la desesperación, para que hagan algo que implique perder esa libertad. Y no hablo solo de Mirta».

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