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Por José Luis Politi. Una ola de renuncias y pedidos de juicio político se descarga sobre miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy. Más que una ola, es un tsunami que anuncia nuevos aires sobre el máximo órgano del Poder Judicial de la provincia, protagonizado por el poder político.
A los tres pedidos de juicio político ya presentados contra los supremos Elizabeth Beatriz Altamirano, Clara Langhe de Falcone y Sergio González, se sumaron en las últimas horas los del vocal José Manuel del Campo y del presidente del STJ, Federico Otaola, que aún no se confirmaron en los papeles. De este modo, cinco de los nueve miembros de la Corte jujeña estarían siendo borrados de una sola vez.
Este es apenas un paso más en el camino iniciado en diciembre de 2015, cuando apenas días después de asumir, Gerardo Morales impuso el aumento de vocales del STJ de cinco a nueve y logró que dos de los diputados radicales que votaron a favor de la ampliación, Pablo Baca y Elizabeth Beatriz Altamirano, juraran como supremos pocas horas después. Baca renunció a fines de 2020 y fue reemplazado por quien hasta entonces ocupaba el Ministerio de Seguridad, Ekel Meyer.
Altamirano presentó su dimisión en las últimas horas, luego de que se presentara un pedido de juicio político en su contra. Lo hizo con una nota que envió directamente a San Martín 450, donde está el despacho de Morales.
Dos notas similares fueron presentadas al presidente del STJ, Federico Francisco Otaola, con las renuncias de otros dos de sus vocales, Clara Langhe de Falcone y Sergio González, también presionados con sendos pedidos de juicio político que tomaron estado parlamentario en los últimos días.
Al presentar la dimisión a sus cargos, los tres evitan sacrificarse en el proceso de remoción y que escale un escándalo mayor. De paso, salvar su onerosa jubilación.
La movida de Morales, que ya no confía en los actuales miembros del STJ, tiene un aval indispensable, el del presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Armando Rivarola. Entre ambos partidos suman la representación parlamentaria y el número suficiente para sacar y poner a gusto jueces, camaristas, fiscales y cortesanos.
Si Morales encabeza o integra una fórmula presidencial el año que viene, como aspira desde hace tiempo, Rivarola podría perfilarse como el sucesor en la provincia. Si en cambio al radical no le sale la jugada y pierde la disputa en el seno de Juntos por el Cambio, hay un plan B: impulsar la reforma de la Constitución provincial y quedar así habilitado para postularse a un tercer mandato en la gobernación.
En cualquiera de los dos escenarios, Morales necesita supremas y supremos dispuestos a inmolarse para sostener las reformas necesarias.
Claro que si todo eso falla, le quedaría postularse para diputado o senador nacional, lo que implicaría irse al descenso en su carrera política.
Arriba: Falcone, Altamirano, González, Del Campo y Otaola. Abajo: Bernal, Jenefes, Lamas y Meyer.
Los juicios políticos
Los tres pedidos de juicio político a miembros del STJ ingresaron a la Legislatura el 18 de abril. Cada uno tiene sus particularidades, pero los tres derivaron en renuncias.
A Altamirano se la acusa de denegación de justicia ante un reclamo de una abogada, lo que se suma a un fallo por reclamos de alimentos por parte de la suegra de Morales, la madre de Tulia Snopek. Apenas se difundieron estos hechos, la jueza firmó su renuncia.
Falcone es una veterana militante del radicalismo local. Fue dos veces diputada provincial, legisladora nacional en una oportunidad e intendenta de la ciudad de San Pedro de Jujuy. En 2016 llegó al Poder Judicial y ahí nomás asumió la presidencia del Superior Tribunal recién ampliado. Junto a su esposo, Hugo Rodolfo Falcone, fue denunciada por los delitos de retención y ocultación de un menor de edad, supresión de identidad y falsedad ideológica de instrumento público. La acusaron de anotar como propio al hijo de una adolescente de 15 años a quien le dijeron que su bebé había nacido sin vida, en 1974. Ese hijo es hoy empleado judicial. También se le endilga haber colocado a su yerno, Gastón Mercau, como juez de control penal. Es el magistrado que el 16 de enero del 2016 ordenó detener a Milagro Sala.
El pedido de juicio político contra Falcone está fundamentado en que incurrió en abuso de autoridad y tráfico de influencias al conseguirle trabajo en el Poder Judicial no solo a su hijo sino también a su nieto, hijo del magistrado penal. También la acusan de no haber presentado su declaración jurada de bienes en tiempo y forma y dictar órdenes fuera de su órbita.
Sobre la denuncia por apropiación ilegal de un menor, su archienemigo, el jefe de los fiscales, Sergio Lello, quiere llevar el tema a la órbita de la justicia federal.
González llegó como supremo durante el gobierno de Eduardo Fellner. En el pedido de juicio político lo acusan de malversación de caudales públicos en el marco de la construcción del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy.
En las últimas horas se están preparando otros dos pedidos de juicio político contra integrantes de la Corte local: el presidente Federico Otaola, un exdiputado radical que entró con la ampliación de 2016, y José Manuel del Campo, un socio del estudio de Fellner que es de los más antiguos integrantes del tribunal, ya que está desde 1998. Otaola está cerca de la jubilación y tiene además problemas de salud, pero se desconocen los fundamentos de su pedido de juicio político, al igual que en el caso de Del Campo. Los dos trámites sería presentados por algún abogado o abogada del foro local, tal como ocurrió con los pedidos contra Altamirano, Falcone y González.
De la actual composición del STJ, entonces, los únicos no cuestionados son Ekel Meyer, ex ministro de Seguridad de Morales; Laura Lamas, también militante radical; y los peronistas Sergio Jenefes y María Silvia Bernal.
Lluvia de nombres
Ya antes de las precipitadas renuncias comenzó la clásica especulación sobre quiénes ocuparán los apoltronados sillones de la Corte jujeña, que obviamente deberían responder al poder político. Entre los nombres que circulan está el del exgobernador Walter Barrionuevo, que sería resistido por los colectivos feministas de Jujuy ya que pesan sobre él varias denuncias -formales e informales- por violencia de género.
Barrionuevo, Burgos, Miranda y Lello
Otra es la actual diputada provincial de la UCR y antes diputada nacional Gabriela Burgos, que sería la favorita de Morales. También figuran el fiscal de Estado, Mariano Miranda, un hombre de alta confianza del gobernador, y Sergio Lello, quien de asumir quedaría libre de tener que enfrentar la infinidad de denuncias de violencia laboral, de género y hostigamiento contra mujeres y hombres del Ministerio Público de la Acusación que preside.
La intervención
En medio de la tormenta que azota al Poder Judicial de Jujuy, el poder político vernáculo decide quién se salva y quién no. Nada nuevo, pero en apariencia se trata de una situación extrema.
Es que las aguas no están sólo agitadas en el STJ. Además, todos los jueces de control penal de San Salvador de Jujuy están con causas en su contra, primero desde el Ministerio Público de la Acusación, y luego entre ellos. Las causas aparecieron después de que los magistrados se dirigieron al STJ en un escrito en el que aseguran que el desempeño de los fiscales del MPA atenta contra las garantías naturales de los ciudadanos.
Los jueces de control le contaron a los supremos lo que están advirtiendo: viene un fiscal, pide algo a un juez y si no le da lo que quiere, se va con el mismo escrito hasta que obtiene un juez que le da lo que quiere. Esto viola la jurisdicción y la competencia de los jueces. Los jueces le preguntaron al STJ qué debían hacer, pero los cortesanos les respondieron que ellos no están para eso y mandaron a archivar las actuaciones.
En este contexto, el senador nacional Guillermo Eugenio Mario Snopek insistirá con el pedido de intervención del Poder Judicial de la provincia. «Están dadas todas las condiciones», afirmó.
Claudia González, presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy, sintetizó el panorama asegurando que «ya no se puede hablar de un avance peligroso del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, la Legislatura y el Poder Judicial, como decíamos hace cinco años, sino que en Jujuy, directamente, funciona un solo poder».
