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La ONU celebró el tratamiento de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Este lunes, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Dubravka Šimonovic, celebró el envío de los proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y aseguró que los mismos “dan cumplimiento a las obligaciones internacionales de la República Argentina en materia de derechos humanos”. Por otra parte, instó al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para lograr su aprobación en el Congreso de la Nación.

El pasado 26 de noviembre, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, informó a la Relatora Especial sobre el envío al Congreso de la Nación de las iniciativas para legalizar el aborto y para garantizar el Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia por parte del Poder Ejecutivo.

En su respuesta, Šimonovic recordó que, tras su visita al país en 2016, señaló que la penalización del aborto sumado al hecho que personal médico solicitara autorización judicial a la hora de practicar interrupciones del embarazo incluso cuando se debían realizar dentro de las causales previstas en el Código Penal “convertía al aborto en una práctica inaccesible incluso en los casos excepcionales contemplados por la ley”. En esa ocasión, también manifestó su preocupación por el impacto sobre la mortalidad materna de la criminalización del aborto, ya que se había reportado que mujeres habrían sido denunciadas a la policía tras abortar y solicitar ayuda en un hospital público.

La Relatora Especial aseguró que “a luz de los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres, recomendé que se suprimieran las medidas punitivas que penalizan a las mujeres que se someten a abortos y se aprobara una ley que regulara los abortos legales, al menos en lo concerniente a los embarazos resultantes de una violación o un incesto, los embarazos en que la vida o la salud de la embarazada esté en peligro, y los embarazos en que exista una deficiencia fetal grave. Asimismo, recomendé que se establecieran requisitos justificativos para evitar la invocación general de la objeción de consciencia por los médicos que se niegan a llevar a cabo abortos”.

En ese marco Šimonovic celebró la elaboración de los proyectos de ley que, consideró, “expresamente se enmarcan en el derecho internacional de los derechos humanos y tratan de apoyar a las mujeres en sus decisiones reproductivas. El proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo legaliza el procedimiento hasta la semana 14 del proceso gestacional, asegurando el acceso universal y gratuito al procedimiento; establece derechos en la atención de la salud; restringe las posibilidades de objeción de conciencia; asegura cuidados de salud posteriores necesarios y promueve políticas de educación sexual integral y salud sexual y reproductiva. Es de resaltar que los proyectos de ley tratan de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, adoptando un lenguaje que incluye expresamente las personas trans y de género diverso”.

Tras destacar la importancia de la legislación tendiente a proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, manifestó el apoyo de su mandato y solicitó que se tomen las medidas necesarias para promover y aprobar los proyectos de ley en el Congreso Nacional, en cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Argentina. Por otra parte, señaló que seguirá de cerca el debate legislativo respecto a los referidos proyectos de ley y otros que tengan impacto en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a una vida libre de violencia.

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