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Luego de un encuentro con la dirigencia sindical del Ingenio La Esperanza, los diputados del FPV-PJ decidieron que en la sesión legislativa del jueves pedirán que se postergue el debate del proyecto de ley que remitió el gobierno para declarar la emergencia económica, productiva y social en el departamento de San Pedro de Jujuy, que implica avanzar en la liquidación del Ingenio La Esperanza. Quieren que se dé participación al sindicato y se discuta la cuestión de los despidos encubiertos.
Un grupo de trabajadores y dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (SOEA) de La Esperanza, se entrevistaron con los legisladores Luis Cabana, Octavio Herrera y Alejandra Cejas, en la sede de UPCN.
Allí, los sindicalistas hicieron una exposición extensa sobre la situación del ingenio y de los trabajadores, y ratificaron su rechazo a algunos de los artículos de la iniciativa girada a Diputados por el Ejecutivo.
Pusieron de relieve que el proyecto impulsado por el gobierno de la provincia no cuenta con el consenso de los trabajadores. “Ellos (por los sindicalistas) demostraron con documentación que La Esperanza está en proceso de quiebra, pero no es una empresa deficitaria y viene generando utilidades”, refirió Cabana, y lamentó que el gobierno no haya permitido la participación plena del sindicato en la elaboración del proyecto.
El legislador, que además preside la Comisión de Trabajo de la Legislatura, anticipó que este jueves, cuando se desarrolle la novena sesión ordinaria, solicitará al cuerpo que el expediente sea tratado en una sesión futura, cuando se alcancen los consensos necesarios para sacar adelante una ley que pondrá sus manos en el futuro de una fuente laboral clave para San Pedro.
“Tenemos que analizar los documentos que tiene el gremio de La Esperanza y de esa manera tener una realidad más acabada sobre el tema”, comentó, y remarcó la necesidad de alcanzar «un acuerdo global para minimizar el impacto que podría verse representado por los despidos de trabajadores».
Para Cabana, este es un punto central, «porque de acuerdo al objetivo del proyecto del gobierno y a la interpretación del gremio, los alcances de una ley de esta naturaleza son los despidos encubiertos y una reconversión de la historia laboral de muchos trabajadores, a los que se pretende pasar a distintas órbitas del Estado, produciéndose una baja de cerca de 800 empleados”.
