Las comunidades advierten: «No vamos a entrar en el juego del gobierno»

«El gobierno está apostando al desgaste, pero no vamos a entrar en ese juego», afirmó Raúl Choquevilca, presidente de la comunidad de Ocumazo, Pueblo de Omaguaca, y reafirmó la voluntad de los pueblos originarios para sostener la exigencia de que se derogue la nueva Constitución provincial.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Choquevilca remarcó que la promulgación de la nueva Carta Magna, si bien es legal, es un acto que «no está legitimado por una gran parte de la sociedad», y destacó que «no es un reclamo sólo de los pueblos originarios sino de gran parte de la sociedad, y la prueba está en las marchas de las antorchas».

-¿El gobierno los convocó a una reunión, como se dijo?

-No, hasta este momento es todo un rumor. Nada oficial ni concreto.

-¿Qué les puede ofrecer el gobierno para que levanten los cortes de ruta?

-Que se derogue la Constitución. O que la justicia la declare inconstitucional. Ese sería un golazo al ángulo. El gobierno está especulando, está apostando al desgaste que podemos sufrir. Pero tenemos que decirle que no vamos a entrar en ese juego. Vamos a estar firmes en el lugar hasta lograr el objetivo, que esta Constitución sea declarada inconstitucional y lograr su nulidad.

-¿El problema principal es el tema del agua, las tierras, el litio?

-Ese es uno de los planteos que hacemos. Hay que acordarse que en el año 2016 se aprobó la ley 5915, qué casualidad, con el nombre Ley de Servidumbre, para el tendido de redes de electroductos. Eso fue un preludio de lo que acontece hoy.

-¿Por qué?

-Hace ya siete años que esa ley que permite el avasallamiento la intromisión inconsulta que significa pérdida de territorio, porque esos electroductos pueden ser tendidos por donde se le ocurre a ellos para que implique menos gasto. Se priorizan los tendidos rectilíneos y no se tienen en cuenta las curvas o los desvíos, que pueden implicar un mayor gasto. Incluso permitían alambrar por donde iban a ir los electroductos. En ese momento las comunidades ya salimos a denunciar esa ley, también por inconsulta por faltar al Convenio 169 de la OIT, porque el gobernador Morales omitió la consulta. Y sigue violando los derechos de los derechos humanos básicos universales. Esa ley está vigente y es la madre de esta Constitución.

-En aquel momento, cerca de 200 comunidades la habían rechazado y solamente 3 o 4 la aceptaron. ¿Es así?

-Así es. Me pregunto dónde está el principio democrático. Esa ley 5915 dice claramente que si hay oposición, si no hay cesión de una franja, está la posibilidad de la expropiación, es decir, forzar el tendido por donde la empresa que distribuye las líneas considere necesario. Entonces ya estaba abierto que se viole la integridad del territorio.

-El fiscal de estado anunció que va a salir a perseguir. ¿Cómo lo tomaron?

-Eso es oficial, es una práctica muy típica del gobierno de Morales. La persecución, el hostigamiento, el amedrentamiento. Esto es seguir echándole nafta al fuego. Nosotros estamos pidiendo que se dé curso a la demanda justa que estamos planteando, que es el respeto a la integridad de nuestro territorio, los recursos naturales, y que se dejen de lado estos intereses económicos como la megaminería y el litio. Y que nos den participación efectiva en esta cuestión del negocio inmobiliario y de los recursos naturales.

-¿Participación en qué sentido?

-No estamos diciendo que queremos tomar parte de esa riqueza. Simplemente, que nos respeten el suelo donde vivimos tradicional y ancestralmente.

-Las comunidades piden la derogación de la Constitución y también la renuncia de Morales. 

-La renuncia de Morales ya pasó a segundo plano. Él con su promulgación de la nueva Constitución se lava las manos diciendo ya está, esto es un acto aprobado, legalizado. Pero ese acto no está legitimado por una gran parte de la sociedad. Ahí hacemos pie para hacer la demanda concreta de que se derogue íntegramente esta nueva Constitución y vayamos a otra donde se garantice la participación efectiva de toda la sociedad jujeña. Porque esto no es un reclamo sólo de los pueblos originarios sino de gran parte de la sociedad, de los trabajadores que están agremiados y están siendo vulnerados en sus derechos. Estamos haciendo causa común y la prueba está en las marchas de las antorchas, donde la sociedad de las zonas urbanas también se está manifestando en forma explícita para hacer caer esta Constitución.