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Robinson Suárez, comunero de la nación Kolla, está resguardado desde la represión desplegada el sábado pasado en el corte de ruta en Purmamarca. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), afirmó que el gobierno «subestima» a las comunidades. «Creen que no podemos organizarnos ni interpretar una reforma que va en detrimento de nuestro pueblo», afirmó.
«Quizás no debería sorprendernos, pero sí nos preocupó. En este justo reclamo están los propios hermanos, las comunidades, los pueblos de las zonas aledañas. Estuvimos presentes en cada punto junto a nuestros hermanos», señaló Robinson.
Además, expresó la preocupación de las comunidades porque «quieren confundir, dicen que nosotros respondemos a alguna línea política, como el kirchnerismo o la izquierda, dicen que somos piqueteros, violentos, y hasta hablan de Milagro Sala».
«Eso demuestra cómo nos subestiman al pueblo, a nuestra nación Kolla -continuó-. Creen que no podemos organizarnos, que no podemos interpretar una reforma que va en detrimento de nuestro pueblo, tanto de los territorios como del agua».
Las comunidades se oponen a la reforma constitucional porque no fueron consultadas para la elaboración del texto. Ahora que ya está aprobada, la rechazan pese a que el gobernador Gerardo Morales dijo que «cedió» en dos artículos que implicaba la situación de los originarios.
«Él no habla del tema de los recursos. Lo está evadiendo intencionalmente. Quiere enmarcar los reclamos de los pueblos originarios solamente en el artículo 50 y el 36. Pero hay otro tema inherente que nos toca cotidianamente y nos preocupa terriblemente en la puna, con la sequía y el uso que hacemos razonablemente del agua», explicó Robinson.
Los artículos 50 y 36 son los que Morales aceptó eliminar de la Constitución reformada. Se referían al reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios de sus derechos consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Sin embargo, para las comunidades no fue suficiente.
Por ejemplo, en el artículo 74, que habla de tierras fiscales, y en el 75, referido al uso del agua, «en ningún momento nombra la participación de las comunidades», indicó Suárez.
«Si nosotros conocemos la quebrada, patrimonio de la humanidad, y conocemos la puna tal como existe hoy, ha sido por el uso razonable que han tenido nuestros abuelos y nos han legado en cuanto al agua», describió.
Por otro lado, el nuevo texto deja en manos del Ejecutivo provincial el reconocimiento legal de las comunidades. Robinson explicó: «El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es el que nos reconoce como personas jurídicas, y así podemos empezar a tramitar lo que se planteó hace años, que es la titulación de los territorios comunitarios».
En este punto, la preocupación se fundamenta en que en los últimos tiempos no se otorgó ningún título de propiedad comunitaria. Sobre todo, destacó Suárez, las que habitan la cuenta de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y la cuenta y humedales del río MIraflores. «Son lugares totalmente llenos de pedimentos mineros, así que no es de extrañar que no obtenemos títulos de propiedad comunitaria», completó.
Así las cosas, más allá de que obtengan la personería jurídica, quedan desprotegidas porque «la Constitución no habla de territorio en ninguna parte», dijo Robinson.
«Ese hubiese sido un avance importante, si hubiésemos podido hablar de territorio. Así hubiese llegado a ser una constitución de avanzada, como sí lo marca el Convenio 169 del OIT, que lo ratifica Argentina y va en beneficio de los pueblos», agregó.
En este contexto, las comunidades están decididas a sostener el reclamo en las rutas. «No vamos a agotar ningún canal. Demanda nacional, demanda internacional, todo lo que se pueda», adelantó Suárez.
-¿Ustedes quieren sentarse a hablar con el gobierno?
-No. Queremos que se anule la reforma porque la declaramos inconstitucional e ilegal. Mi pueblo guerrero que resiste ha demostrado una vez más que no estamos dispuestos a bajar los brazos. Esta es una pelea más, venimos de pelea en pelea.
