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Las filiales jujeñas de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores emitieron un comunicado conjunto para repudiar la persecución al abogado Héctor Huespe, a quien este martes se le secuestró su teléfono celular en sede judicial, en momentos en que se disponía a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que se le inició por haber representado a los vecinos de Campo Verde en la protesta del mes pasado.
En el comunicado, las organizaciones sindicales detallaron que el fiscal Alejandro Maldonado «dio la orden al personal policial presente para que le quiten el celular» y que luego Huespe «fue empujado, golpeado, esposado y robado y secuestrado su teléfono». Tras permanecer detenido e incomunicado por 40 minutos, el abogado fue liberado sin que se le devolviera el teléfono.
El texto, que destaca que Huespe integra la CTA de los Trabajadores, remarca que lo ocurrido «se llama violencia institucional en cualquier lado», y señalan como responsables al gobernador Gerardo Morales, al ministro de Gobierno y Justicia Agustín Perassi, al ministro de Seguridad Guillermo Corro y al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez. Sobre este último, recuerdan que fue reiteradamente denunciado.
«En Jujuy, el derecho a transitar, el derecho a protestar, el derecho a la legítima defensa, están en riesgo», advierten.
