El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209 declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En la declaración, advierte que las desapariciones forzadas pueden perpetrarse como método de represión política de los oponentes.
En el texto de la declaración, el organismo internacional advierte que la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. «La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad», explica.
Señala luego que «la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo», y que «las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes».
Para la ONU, son motivos de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones, y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
La ONU expresa que «debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad».
Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas