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El padre de Romina, Juan Aramayo, murió el año pasado. Nunca dejó de reclamar justicia.

Las dudas sobre el giro en la causa por el femicidio de Romina Aramayo 

La semana pasada se detuvo a la expareja de Romina Aramayo, la mujer asesinada en 2014. Al mismo tiempo, el fiscal decidió liberar a uno de los dos detenidos hasta ese momento, quien de todos modos sigue imputado. La abogada de la familia de Romina expresó su desacuerdo con esta última medida porque, a su entender, las novedades que llevaron a esta nueva detención no contradicen las pruebas por las que se produjeron las anteriores. «Se debe investigar más -comentó-, porque necesitamos certezas. No podemos estar seis años más investigando».

Romina Aramayo, de Libertador Gral. San Martín, desapareció el 6 de abril de 2014. Su cuerpo fue encontrado tres días más tarde en el dique Los Molinos. Las dos primeras detenciones se produjeron cuatro maños más tarde, entre agosto y noviembre del 2018. El comisario Osvaldo Gabriel Zapana fuer imputado por encubrimiento agravado mientras que el patovica Diego «Chicago» Alemán fue acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la violencia de género en concurso real».

La detención de Nicolás Villarroel, expareja de Romina y padre de su hija, fue pedida por el fiscal Diego Cussel a partir de unas pericias que se realizaron a su teléfono. Está acusado del mismo delito que Alemán, quien ahora fue liberado.

Tras la extracción y el análisis de los datos obtenidos del teléfono de Villarroel, se descubrió que había intercambiado mensajes con Romina el mismo día de su desaparición. El hombre le indicó que ella debía trasladarse a San Salvador de Jujuy para reunirse con una arquitecta que le iba a dar un dinero.

«Aparecen mensajes en los que él le habría pedido a Romina que vaya a cobrar un dinero de manera engañosa. Esa fue la última conexión del celular de ella, que luego apareció asesinada», precisó la abogada de la familia de Romina, Mariana Vargas, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

Respecto del cese de detención dictado en favor de Alemán, Vargas expresó su desacuerdo. «Como querellantes no podemos opinar sobre este punto, pero adelantamos que si piden el sobreseimiento nos vamos a oponer y en todo caso apelaremos», señaló.

«Para el fiscal cambió la línea de investigación. Es cierto que Villarroel ocultó esos mensajes cuando dio declaración testimonial, y eso es importante. Pero se debe investigar más. Y para nosotras no implica una contradicción con las imputaciones que pesan sobre Zapana y Alemán. Habrá que ver si efectivamente él fue el entregador, pero eso hay que probarlo», analizó la abogada.

A pesar del giro que tomó la investigación con la detención de Villarroel, siguen vigentes las otras imputaciones. «Nos preocupa mucho el encubrimiento de este crimen, nos preocupa que haya justicia. Todavía hay prueba por producirse; no podemos revelar de qué se trata, pero todavía falta», indicó Vargas.

Según los mensajes surgidos de la pericia al teléfono de la expareja de Romina, ella le avisó cuando llegó al lugar acordado y le dijo cómo estaba vestida, para que él le dijera a la persona que debía entregarle el dinero. Nada de esto había sido revelado hasta ahora.

Cuando Romina desapareció, toda la familia, incluido Villarroel, reclamó por su búsqueda. «Lo que no dijo cuando prestó declaración testimonial es que él había hablado con ella para que fuera a un determinado lugar a una hora determinada, que es cuando ella desaparece. Él le decía que no le dijera nada a nadie, ni a su familia», relató la abogada.

«Es un tema muy costoso porque tenemos a una adolescente de casi 15 años, la hija de Romina, que perdió a su mamá con este crimen, después perdió a su abuelo, que murió el año pasado, y ahora su padre, con quien vivía, está preso», remarcó Vargas, y agregó: «El daño y el sufrimiento de esta pequeña es inmenso».

La letrada relató que la adolescente «tomó muy mal» la detención de su padre. «Necesitamos certezas ya. Habrá que procesar lo que sea, buscamos la verdad. Pero no podemos estar seis años más investigando. En estos casos nuestros puntos de referencia son siempre las víctimas colaterales, las hijas e hijos. No nos es gratuito que esto esté pasando», advirtió.

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