El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Tras dos años de debate, el tercer juicio de lesa humanidad que revisó homicidios y secuestros vinculados a la Superintendencia de Seguridad Federal culminó con siete efectivos retirados de la Policía Federal condenados y otros ocho absueltos. El Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el derecho a la verdad en los casos analizados para los que no hallaron responsables y los que tenían como únicos acusados a los dos efectivos que fallecieron durante el transcurso del debate.
Los jueces Ignacio Fornari y Daniel Obligado y la jueza Sabrina Namer condenaron este martes a prisión perpetua a Rafael Romero, Daniel Amarillo, Miguel Olarte, Osvaldo González y Eduardo Comesaña, todos oficiales, subinspectores y cabos al momento de los hechos.
En tanto, los jueces impusieron condenas de 6 años de prisión para el entonces inspector Gerardo Arráez, y de 3 años para el entonces cabo Germán Rimoldi. Todos fueron hallados responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Para el TOF, Romero, Amarillo, Olarte y Gonzáles fueron considerados coautores del homicidio agravado por alevosía de los militantes montoneros Jorge Casoy, María Marta Imaz Garzón Maceda y Bernardo Levenson, asesinados durante un ataque perpetrado el 18 de mayo de 1976 a un departamento del barrio porteño de Almagro, según resumió el sitio web del Ministerio Público Fiscal.
Olarte además fue condenado por el homicidio agravado de Mario Lerner, asesinado el 17 de marzo de 1977 también en un domicilio.
Comesaña, en tanto, fue condenado como coautor del homicidio agravado de Oscar De Cicco así como del secuestro de Marta Treptow, quien permanece desaparecida.
Esos crímenes sucedieron en el marco de un procedimiento realizado el 14 de abril de 1977 en la estación de servicio YPF ubicada en Montes de Oca y Sáenz Peña, en Villa Maipú, partido de San Martín.
Arráez y Rimoldi fueron responsabilizados por el secuestro de Alberto Gorrini, sucedido en la medianoche del 2 de junio de 1977 en la ciudad de Buenos Aires; el primero como coautor y el segundo en grado de tentativa. Gorrini, desde entonces, permanece desaparecido.
Los hechos juzgados ocurrieron en el marco de una serie de operativos clandestinos sucedidos entre 1976 y 1977 en los que fueron asesinadas cinco personas. Las víctimas fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas en operativos que, según la Fiscalía, formaban parte del plan sistemático de represión ilegal implementado por la dictadura.
Ocho de los 17 policías retirados que llegaron acusados a debate fueron beneficiados con la absolución luego de que el TOF considerara que no se había “conseguido el grado de certeza requerido en esta instancia».
Así, quedaron libres los efectivos retirados Juan Carlos Carrera, Esteban Sanguinetti, Norberto Varcasia, Antonio Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Berón y Juan Adolfo Ríos.
Todos cargaban pedidos de prisión perpetua esgrimidos por la acusación del Ministerio Público Fiscal, representada por el fiscal Pablo Ouviña y los auxiliares fiscales Santiago Ghiglione y Mercedes Moguilansky.
Los primeros seis, vinculados en calidad de coautores al asesinato de Mario Frías Pereyra, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Griffin, en un departamento de Flores. Ríos estaba vinculado al triple crimen de Casoy, Imaz Garzón Maceda y Levenson.
Los jueces concedieron, no obstante, con el pedido a la Fiscalía de que los crímenes de Pereyra, Clariá Pedernera y Griffin sean tenidos en cuenta en pos del derecho a la verdad. Tanto esos hechos, como los de que tuvieron como víctimas a Nora Salvarezza y Carlos Jeifetz, fueron declarados ocurridos “en el marco del plan sistemático de represión ilegal en los términos que se explicarán en los fundamentos de la sentencia, por aplicación del derecho a la verdad».
Los homicidios de Salvarezza y Jeifetz ocurrieron en un operativo en la calle San Nicolás y por ellos habían llegado a juicio los policías retirados Alberto Mattone, entonces comisario, y el entonces principal Alfredo Vidal. Ambos fallecieron antes de recibir sentencia. Los fundamentos de la sentencia se conocerán a principios de julio.
