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Una «acción judicial colectiva e histórica para defender el agua y los glaciares» es impulsada por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de anular la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso nacional.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace impulsan una acción judicial colectiva con el fin de resguardar el ambiente periglacial y las reservas de agua dulce.
El reclamo se sustenta en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a un ambiente sano y habilitan la defensa colectiva cuando se ven afectados derechos que pertenecen a toda la ciudadanía.
Según las organizaciones impulsoras, la reforma de la Ley de Glaciares debilita la protección vigente al habilitar actividades extractivas en zonas críticas, lo que constituye un retroceso ambiental inconstitucional.
Los objetivos de la vía judicial
La presentación ante la Justicia busca alcanzar tres resultados concretos:
- La declaración de inconstitucionalidad de la reforma legal.
- La suspensión inmediata de su aplicación para prevenir daños en las zonas de glaciares.
- La restitución de los niveles de protección que regían anteriormente.
A través de esta medida, se busca impedir que actividades incompatibles con la preservación del ecosistema avancen sobre fuentes estratégicas de agua.
Participación ciudadana
La iniciativa permite que la ciudadanía acompañe el reclamo sumándose a la demanda colectiva. Para ello, se habilitó un formulario de adhesión que, aclararon desde la campaña, no otorga el carácter de demandante ni genera obligaciones legales para los particulares.
El propósito de este respaldo es demostrar ante el Poder Judicial la magnitud del rechazo social a la reforma y fortalecer la legitimidad de la estrategia legal.
Los datos aportados por los adherentes (nombre, apellido y DNI) funcionan como un soporte institucional para la presentación, visibilizando que la protección del agua es una demanda compartida por diversos sectores de la sociedad.
Click para adherirPreguntas y respuestas
En el sitio de Greenpeace se responden una serie de preguntas vinculadas con la naturaleza de la acción colectiva y de las adhesiones de la ciudadanía:
¿Por qué organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace impulsan una acción judicial colectiva?
Porque cuando se vulneran derechos que afectan a muchísimas personas (como el acceso al agua y a un ambiente sano) la vía colectiva es la herramienta más eficaz.
Esta acción es impulsada de manera conjunta por organizaciones de la sociedad civil, que buscan defender derechos que son de toda la ciudadanía.
Una acción colectiva permite que organizaciones actúen en representación de un conjunto amplio de personas afectadas, sin que cada una tenga que iniciar un juicio individual. Esto no solo hace viable el reclamo, sino que aumenta su fuerza frente al Estado.
En Argentina, estas acciones se enmarcan en lo previsto por los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional Argentina, que reconocen el derecho a un ambiente sano y habilitan la defensa colectiva de derechos.
La reforma de la Ley de Glaciares debilita esa protección al habilitar actividades extractivas en zonas clave como glaciares y ambiente periglacial. Por eso, la vía judicial es necesaria para frenar un retroceso ambiental y defender derechos constitucionales.
¿Quién impulsa la acción judicial y quiénes pueden sumarse?
La acción judicial es impulsada por organizaciones de la sociedad civil que actúan en representación de un conjunto amplio de personas afectadas.
Las personas no están demandando directamente ni participan como parte del proceso judicial. Pueden sumarse para acompañar y fortalecer el reclamo desde lo social y lo colectivo, aumentando su visibilidad y legitimidad.
¿Qué se busca lograr?
El objetivo es que la Justicia:
- declare la inconstitucionalidad de la reforma
- suspenda su aplicación
- restituya los niveles de protección ambiental vigentes
En concreto: impedir la aplicación de una reforma que habilita actividades incompatibles con la protección de glaciares y ambiente periglacial, afectando reservas estratégicas de agua dulce.
¿Qué implica completar el formulario?
No implica ninguna obligación legal ni participación directa en el proceso judicial como demandante.
Completar el formulario es una forma de adhesión voluntaria para:
- demostrar el respaldo social al reclamo
- visibilizar la magnitud del rechazo a la reforma
- fortalecer la estrategia judicial y política.
No se está iniciando una demanda ni asumiendo responsabilidades legales.
¿Si me sumo, puedo ser convocado/a por la Justicia?
Sumarte no implica que vayas a ser convocado/a a declarar ni a intervenir activamente en el proceso judicial.
La acción es llevada adelante por organizaciones de la sociedad civil en representación de la ciudadanía, que es la principal afectada por la reforma. Tu adhesión aporta legitimidad social y fortalece a una acción legal cuyos responsables legales son los abogados firmantes.
¿Cómo se van a usar mis datos?
Los datos serán utilizados para respaldar la acción judicial colectiva y para mantenerte informado/a sobre esta iniciativa y otras acciones vinculadas a la defensa del ambiente.
Algunos datos (como nombre, apellido, DNI y provincia) podrán ser incorporados a la presentación judicial como parte del respaldo ciudadano al reclamo.
Las organizaciones impulsoras se comprometen a resguardar la información conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
¿Tiene algún costo sumarme?
Sumarte es gratuito y no implica ningún costo para participar o acompañar esta acción. Las organizaciones impulsoras llevan adelante la estrategia legal y colectiva para sostener el reclamo.
¿Existen antecedentes de este tipo de acciones? ¿Funcionan?
Sí. Las acciones colectivas han sido clave en distintos países para frenar daños ambientales y exigir el cumplimiento de derechos. Existen antecedentes en los que la justicia falló a favor de la protección del ambiente y de las generaciones futuras, obligando a gobiernos y empresas a modificar sus políticas frente a la crisis climática y la degradación ambiental.
Las acciones colectivas no son simbólicas: son una de las herramientas más efectivas para defender derechos cuando las decisiones políticas no garantizan su protección.
Esta acción no es solo de organizaciones: es una herramienta para que la voz de miles de personas quede expresada también en la Justicia.
