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Los delitos cometidos durante las Noches del Apagón están todavía impunes. Tras la muerte de Carlos Blaquier en 2023, queda imputado el exadministrador del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, como responsable civil de la colaboración empresarial con la dictadura cívico militar y eclesiástica de 1976-1983.
Se recuerda con el nombre de la Noche del Apagón a los cortes de energía eléctrica producidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en las localidades de Calilegua, El Talar, Libertador Gral. San Martín y zonas aledañas. En medio de la oscuridad, efectivos militares y de las policías provincial y federal llevaron adelante secuestros y detenciones ilegales, para los que utilizaron vehículos del Ingenio Ledesma.
Trabajadores, estudiantes, profesionales, militantes y dirigentes sindicales fueron llevados a centros clandestinos de detención improvisados en los galpones del ingenio, donde estuvieron atados y encapuchados.
Fueron más de 400 las personas apresadas, de las cuales 30 permanecen desaparecidas.
La causa por las Noches del Apagón y los secuestros en Ledesma está parada. En abril último, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ordenó poner fecha para juzgar al exadministrador Alberto Enrique Lemos, pero el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy todavía no resolvió nada.
La defensa de Lemos, quien fue mano derecha de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, se presentó en el juzgado federal pidiendo el sobreseimiento de su representado en algunos de los hechos por los que está acusado.
Los abogados Diego D’Andrea Cornejo y Jorge Valerga Aráoz –hijo homónimo del excamarista que juzgó a las tres primeras Juntas Militares– pidieron que Lemos sea sobreseído por el allanamiento y los tormentos que sufrió el médico e exintendente Luis Arédez, que fue secuestrado de su casa en la misma madrugada del golpe del 24 de marzo de 1976.
Está probado que a Arédez se lo llevaron en una camioneta con el logo del ingenio Ledesma, la empresa donde había prestado servicios como médico y se había enfrentado a la patronal.
Horas después del secuestro, su esposa, Olga Márquez de Arédez, se acercó al ingenio para pedir información. La atendió Lemos, quien le dijo, según ella hizo saber en distintas declaraciones, que la empresa había prestado vehículos “para limpiar el país de indeseables”.
Ante la Conadep, Olga Arédez declaró: “Mi marido fue cargado en una camioneta de la empresa Ledesma, conducida por un empleado del propio ingenio. El administrador, Alberto Lemos, aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa”.
Con el tiempo, Lemos fue acomodando su versión de los hechos. Reconoció que se había entrevistado con Márquez de Arédez, pero negó haberle hablado de “indeseables». Ante los tribunales, siguió una estrategia similar: primero negó que la empresa haya prestado camiones o camionetas a las fuerzas represivas; después afirmó que tenían más de 100 vehículos y era imposible saber qué se hacía con cada uno de ellos.
En 2012, después de un sinfín de dilaciones, Lemos y Blaquier fueron procesados por el secuestro de Arédez. Por el allanamiento a su vivienda y los tormentos que sufrió durante su primera detención ilegal, les dictaron una falta de mérito. Es decir, la conclusión fue que no había certeza ni para sobreseerlos ni para procesarlos.
Después de numerosas instancias de revisión, el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que en marzo de 2015 revocó los procesamientos de Blaquier y Lemos, con la firma de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
La cuestión de Blaquier y Lemos escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le aplicó la “cronoterapia”, como le decía el exsupremo Carlos Fayt al “cajoneo” de expedientes. Recién en julio de 2021 los cortesanos Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda ordenaron que la causa siguiera su cauce y remarcaron que la Casación había obstaculizado indebidamente el avance del expediente.
Fiscalía y querellas pidieron que se elevara a juicio a Blaquier y Lemos por todos los delitos que habían sido indagados. En marzo de 2023, Blaquier murió impune y, al tiempo, el TOF de Jujuy dictó su sobreseimiento por todos los casos y todos los delitos.
Quedó Lemos. Si el juzgado acepta la presentación de su defensa, llegaría a juicio con una acusación más débil que la original.
