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En la Legislatura se aprobó con votos de la UCR y el PJ la modificación de los artículos 49 y 50 de la Ley 4282 que regula la obra social de las y los trabajadores estatales de Jujuy
El bloque de diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) rechazaron el proyecto de ley aprobado porque “fue hacho a espaldas de afiliados, que financian la misma, y sindicatos”
La legisladora Natalia Morales sostuvo que el gobierno de Jujuy se viene alineando con todas las medidas del Gobierno nacional y ahora hace punta desregulando la prestación del servicio de los profesionales de la salud en la obra social de las y los trabajadores estatales de la provincia.
Con la modificatoria de la Ley 4282, en los artículos 49 y 50, quitan el principio de obligatoriedad para quienes prestan servicios de la salud, lo cual es la antesala al vaciamiento de la misma si los aranceles que se pagan están por debajo de lo que tendría que reconocer el ISJ.
«La modificatoria pareciera beneficiar al afiliado para que no se cobre el plus o montos adicionales en la atención de salud, sin embargo, lo que se esconde es un proceso de desregulación de la atención, ya que al establecer que no sea obligatoria la prestación, vaciará la oferta de profesionales, por los bajos aranceles que paga el ISJ, desprestigiando cada vez más la obra social», afirmó la diputada.
«Por otro lado aumentan el cobro de la prestación a los afiliados que son trabajadores estatales que tienen salarios de pobreza, incluso con cobros compulsivos aprobados también en la Legislatura por el bipartidismo, pero no se tiene conocimiento hacía dónde van los aportes y qué se hace con esa plata. Lo que sí se sabe es que va a una cuenta común que permite el uso discrecional de los fondos por parte del ejecutivo, herencia del gobierno de Gerardo Morales».
El FIT fue el único bloque que se opuso a esta modificatoria y alertó sobre esta situación. «Defendemos el Instituto de Seguros de Jujuy, que a diferencia de quienes hacen negocio con la salud, funciona con un sistema solidario, igualitario, para garantizar una misma prestación a todos, más allá de su ingreso».
«Necesitamos una comisión independiente de afiliados que pueda fiscalizar convenios y cuentas que tendrían que ser públicas y transparentes. Es clave también, para tener una mejor recaudación, que los salarios dejen de ser de pobreza y partan de la canasta familiar, así como terminar con la precarización laboral, para fortalecer la caja previsional y de la obra social. La existencia de una mesa equitativa y justa donde participen los profesionales permitiría establecer aranceles acordes que no sean a costa de que el afiliado pague un plus o cobros indebidos», sostuvo Natalia Morales.
«Son los trabajadores del Instituto de Seguros de Jujuy y afiliados que financian la obra social quienes tenemos el interés de que el ISJ sea de calidad, sin ningún compromiso con los grandes prestadores, donde se pueda planificar que tipo de atención necesitamos y a dónde van los aportes y el financiamiento.», concluyó.
