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El Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello sigue sumando repudios feministas y de entidades de la sociedad civil, luego de las conocidas denuncias que protagonizaron ante el Superior Tribunal de Justicia, los empleados del organismo estatal, Agustina Aramayo y Mateo Montiel. Lo acusan de acoso y hostigamiento laboral, discriminación, malos tratos y violencia de género, entre otros.
Esta vez, fue la Red de Comunicadoras Feministas (RCF), quién a través de las redes sociales, manifestó sororidad y solidaridad con los dos trabajadorxs del MPA decidieron poner fin a las violencias sufridas por Lello, y resaltan que estos no serían los únicos casos, pero sí los primeros en hacerse públicos y solicitar al Superior Tribunal de Justicia, se aparte al violento de sus funciones jerárquicas.
Una de las denuncias es de la abogada Agustina Daniela Aramayo que se desempeña como secretaria en el MPA, ella relata que desde que Lello Sánchez asumió como Fiscal General en diciembre de 2015, tuvo que soportar nueve traslados de trabajo injustificados, expresiones misóginas hacia su persona, calumnias sobre su vida privada y otras violencias varias que toman mayor gravedad al ser sostenidas en el tiempo de manera sistemática. “No voy a parar hasta hacerte mierda”.
El hostigamiento y la persecución comenzó luego que Agustina el 8 marzo del 2016 acompañara a su hermana, quien en ese momento se encontraba en silla de ruedas y no podía trasladarse sola, a la marcha en conmemoración del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Por todas estas razones no pueden las autoridades judiciales del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, encabezadas por su presidente y la titular de la Oficina de la Mujer en la provincia, en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Clara de Falcone apañar las acciones que impliquen humillaciones, destrato, amenazas y hostigamientos de Lello con los trabajadorxs en el MPA.
Desde la RCF acompañamos y apoyamos a Agustina y repudiamos el accionar del Fiscal General acentuando que de ninguna manera un violento puede ser parte del poder judicial de la provincia y tener bajo su responsabilidad el diseño de las políticas de investigación criminal.
