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«En la provincia ha dejado de existir el estado de derecho», advirtió el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro ‘Coco’ Garfagnini, en el marco de la presentación en los tribunales de Comodoro Py de una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y el gobernador Gerardo Morales.
Junto a diputados nacionales, provinciales, referentes de organismos de derechos humanos y dirigentes políticos y sociales, se denunció penalmente a Macri y a Morales por la comisión del delito de amenazas coactivas agravadas contra Mabel Balconte.
También se presentó querella por calumnias e injurias contra Macri y Morales, además del fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y la dirigente social y diputada provincial Mabel Balconte.
La denuncia penal será investigada por el juzgado de Julián Ercolini, mientras que las de calumnias e injurias por el de Claudio Bonadio.
“Vinimos hoy a denunciar penalmente a Morales y a Macri pero también a reclamar que terminen con la persecución a los compañeros en Jujuy”, afirmó Garfagnini, y repasó: “El viernes se realizaron 21 allanamientos, y tenemos ocho compañeros detenidos porque alguien dijo que hicieron algo que no hicieron”.
El referente nacional de la Tupac diagnosticó: “Es muy grave lo que está sucediendo en la provincia, ha dejado de existir el estado de derecho. Hoy son los compañeros de la Tupac, pero mañana puede ser cualquiera. Como venimos diciendo desde el primer día, lo que está en juego acá es la democracia”.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, patrocinante de la denuncia junto a sus colegas Luis Paz y Pablo Llonto, señaló: “Estamos en Comodoro Py denunciando las coacciones que sufrió la diputada jujeña Mabel Balconte, de las que tomamos conocimiento por distintos medios en el marco de un nivel de persecución que se está llevando adelante en Jujuy y que entendemos que no responde exclusivamente a una decisión del ejecutivo jujeño sino también que hay una participación clara del ejecutivo nacional en cabeza del presidente Mauricio Macri”.
Gómez Alcorta interpretó que este hostigamiento se enmarca en una serie de acciones vinculadas a otras personas para que imputen tanto a Milagro Sala como a dirigentes de la Tupac y otros dirigentes políticos como Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Julio De Vido y otros”.
“A partir de la intervención que hizo Mabel Balconte, cambiando los dichos que había tenido hasta el momento, cambiando sus abogados y a partir de una coacción específica que ella sufrió, se modificó el relato que venía realizando y se incorporó a dirigentes nacionales”, indicó.
La abogada también recordó que fue Santiago Hamud, secretario legislativo de Mabel Balconte, quien relató que “previo al cambio de declaración del 22 de abril, Balconte refirió en varias oportunidades que estaba recibiendo presiones del gobernador Morales en forma directa”, y mencionó “otras informaciones que hicieron llegar personas allegadas a la diputada y que pidieron reserva de la identidad por el miedo terrible que tienen por las represalias que puedan tener en Jujuy, respecto a que dos personas la habían subido a un auto a Balconte días previos a la declaración diciéndole que si efectivamente ella no imputaba a Máximo Kirchner y otros dirigentes nacionales ellas y sus dos hijos que también se encuentran en la causa iban a ser detenidos”.
La querella por presunta comisión de delito de calumnias contra Mabel Balconte se realizó en función de las declaraciones que hizo la diputada en los medios de comunicación en contra de Alejandro Garfagnini, a quien, falsamente, atribuyó comisión de delitos al inventar que el dirigente transportaba valijas de dinero a Olivos. En esta querella también se imputa a Morales y a Miranda en función de la posible instigación de ellos sobre la legisladora.
En tanto, la querella por injurias contra Macri se vinculan con las declaraciones que realizó el mandatario en el programa La Cornisa el 13 de marzo, en las que acusó a la Tupac Amaru de ser “una organización paramilitar”, con el objetivo de desacreditarla públicamente y darle un corte antidemocrático y de accionar violento.
Por su parte, el legislador porteño Aníbal Ibarra advirtió: “Ningún sector político comprometido con el sistema democrático puede mirar al costado frente a hechos de esta naturaleza, porque no estamos frente a un debate político sobre una dirigente con la que se puede estar o no de acuerdo. Esto es algo bien distinto: acá hay una decisión política de perseguir a una persona”.
“Esto es gravísimo para el sistema democrático”, aseveró Ibarra, y convocó: “Ningún sector político puede estar ausente porque en definitiva termina siendo cómplice”.
En el marco del Comité por la Libertad de Milagro Sala, las diputadas nacionales Carolina Gaillard, Josefina Tossetto González, Mara Brawer (MC); los legisladores Miguel Funes, Lauro Grande, Paula Penacca y Gabriel Fucks; Juliana Marino; Enrique Box, de Miles; Victoria Montenegro de Kolina; Carlos Pisoni, de Hijos; las periodistas Cynthia García y Marta Vasallo; María Elena Naddeo, de APDH; Enrique Sueyro, de ATE; Damian Rilo, Maria Carolina Caride, Maria del Socorro Pereyra Rozas y Nélida Ester Sosa también firmaron la denuncia penal contra Macri y Morales.
