Los policías retirados piden «que no se confunda a la ciudadanía»

Familiares y retirados de la Policía y el Servicio Penitenciario de la provincia se solidarizaron con los tres efectivos imputados por la justicia por los hechos del 9 de diciembre. Así lo expresó a El Submarino el comisario general retirado René Calpanchay, y advirtió: “Si las imputaciones están sustentadas en denuncias falaces o prácticas antidemocráticas y autoritarias, iremos a organismos internacionales y de derechos humanos”.

Calpanchay cargó contra el manejo político de la situación de los policías en la provincia. “No nos olvidemos que quien está ahora responsable de la institución es el doctor Matuk (el actual ministro de Gobierno y Justicia), y él ya nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones, como lo que pasó en Abra Pampa con el tema del Dakar”, dijo en relación a la represión a una comunidad de la puna que protestaba por el paso del rally.

 “En un estado democrático no se pueden tolerar acciones de este tipo. Y menos que se confunda a la ciudadanía”, agregó Calpanchay, y denunció que el colectivo al que representa es marginado por algunos funcionarios: “Prohíben a los efectivos que hablen con nosotros”, señaló.

 Sobre los hechos del 9 de diciembre, dijo: “Hay que separar los saqueos del planteo salarial. Los saqueos fueron organizados por bandas delictivas y hasta ahora no hay ninguna vinculación con el personal policial”.

 El retirado interpreta que el reclamo salarial “fue hecho en forma constitucional, sin atentado a la democracia ni nada, porque es un derecho sobre el cual el gobierno tendría que haber tomado medidas muchos años antes”.

 En ese sentido, recordó que el salario básico del personal de bolsillo es de unos 280 pesos “desde hace muchísimos años”.

—¿Cómo sigue el tema salarial?

—Lo que ha hecho el gobierno es la falacia más grande. Algún juez debería ver también la seriedad en los actos de gobierno, porque en el primer punto del acuerdo se hablaba de 8.500 pesos y en el segundo se establecía que no se iban a tomar medidas. Nada de eso se ha hecho. Sobre los salarios, dieron 1.300 pesos no remunerativos, que no es otra cosa que en negro, y eso está prohibido. Por lo tanto, nosotros no legitimamos esta cuestión. Hay que sentarse a discutir seriamente, no con chicanas jurídicas. Esta es una cuestión política que tiene que ver con las políticas públicas, porque los policías son trabajadores, no son ciudadanos de segunda. Pero no nos olvidemos de dónde nace todo esto, porque Matuk fue juez de instrucción penal en la dictadura.