Loteo exclusivo en los diques: El negocio de $40 millones que amenaza a familias campesinas

El Gobierno provincial lanzó por tercera vez una convocatoria para la venta directa de 15 a 17 hectáreas en la zona de los Diques, departamento El Carmen, un proyecto inmobiliario exclusivo que se encuentra judicializado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es resistido por familias campesinas y organizaciones socioambientales.

El loteo, impulsado originalmente por el exgobernador Gerardo Morales, comprende 17 parcelas cuyo valor asciende actualmente a los 40 millones de pesos cada una. El proyecto inicial se denominaba Ecoparque, e incluía los diques La Ciénaga y Las Maderas. Allí, Morales quería hacer «un Villa Carlos Paz», según él mismo definió.

La justicia suspendió ese proyecto y la cuestión está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin resolución firme. Sin embargo, el gobierno salió ahora a ofrecer los loteos a la venta a través de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques.

La Organización Campesina de los Perilagos (OCP) denuncia que esta nueva modalidad de venta directa busca beneficiar a una «élite empresarial, política y judicial», y advierte que hay un amparo ambiental colectivo pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Compran pescado podrido»

Pablo Gutiérrez, referente de la Organización Campesina de los Perilagos (OCP), brindó un detallado panorama de la situación en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). Gutiérrez explicó que la decisión de pasar de licitación a venta directa se debe al fracaso de las convocatorias anteriores, pues «la gente ya sabe que se está comprando pescado podrido porque son tierras en conflicto» y no desean invertir 40 millones de pesos en lotes con problemas legales.

La OCP advierte sobre las consecuencias del proyecto. Por un lado, el impacto social y ambiental, pues se trata de tierras de uso comunitario, donde unas 30 familias practican el pastoreo y la agricultura familiar. Además, el territorio es rico en flora y fauna autóctona, que se encuentran en peligro.

«Hay quebrachos, tipas coloradas, tipa blanca, lapacho, urundeles», describió Gutiérrez, y reveló que además de los desmontes «se abrieron calles nuevas e intentaron provocar incendios».

Y agregó: «Ahora están tendiendo la red eléctrica, mientras a las familias les cuesta un montón bajar la luz a su casa, les ponen más de mil excusas y trabas».

Cuando se delineó el proyecto original, la organización campesina advirtió que ni en la audiencia pública ni en el estudio de impacto ambiental se especificaba cómo sería el manejo de los desechos urbanos ni cómo se protegería la biodiversidad natural y la producción de las familias locales.

«Antes llamaban a licitación. Ahora sale como venta directa. O sea, abrieron el kiosco y dijeron, vengan, pasen y compren. A cara descubierta», reflexionó Gutiérrez.

Antecedentes y estancamiento judicial

El conflicto se remonta al año 2017, cuando el gobierno promovió la Ley N° 6049/17. Esta norma modificó el estatus legal del territorio, que pasó de ser «Área Natural Protegida Los Diques» (Ley N° 5365) a «Área de Desarrollo Sostenible de los Diques». Este cambio fue clave para habilitar la venta de las tierras para el desarrollo inmobiliario.

Frente a esta maniobra, la OCP presentó  un recurso de amparo ambiental y colectivo ante la justicia provincial que llevó a que el entonces gobernador Morales decidiera suspender el proyecto.

La presentación judicial fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia, por lo que la causa fue llevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece sin una sentencia firme que resuelva la legalidad de la venta.

En tanto, la OCP está en conversaciones con el grupo de abogados del Movimiento Nacional Campesino Indígena para delinear una estrategia judicial que frene la venta directa de los lotes.

Campesinos resisten la venta de lotes en los Diques: «Vamos a poner el cuerpo»

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