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Tras prestar juramento como flamante presidente del Consejo de la Magistratura de Jujuy, Mariano Miranda dialogó en exclusiva con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) sobre los desafíos, el funcionamiento y la importancia institucional del nuevo organismo provincial.
El funcionario, que representa a la Corte Suprema de Justicia de la provincia en el Consejo, analizó la puesta en marcha del nuevo órgano constitucional, que reemplaza al Tribunal Evaluador tras una década de labor, y detalló sus funciones específicas en la selección de jueces, fiscales y defensores por concurso público, así como sus atribuciones disciplinarias.
También explicó los motivos detrás de la demoras para la puesta en marcha del nuevo sistema y destacó que el organismo funcionará transitoriamente con apoyo presupuestario del Poder Judicial, mientras no tenga presupuesto propio, lo que espera se concrete para el próximo año.
–¿Cómo evalúa la conformación del Consejo de la Magistratura de Jujuy?
–Fue un hito muy importante en la historia institucional de la provincia de. Estamos hablando de una historia que comenzó a forjarse allá por el año 1994, cuando se sancionó la Constitución Nacional y se estableció un órgano extra poder que es el Consejo de la Magistratura. Por supuesto, a nivel nacional tiene muchísimas más facultades que las que tiene este Consejo, por cuanto el de la Nación también administra los fondos del Poder Judicial y tiene atribuciones no solo para la selección de jueces, sino también para la remoción. Por eso, luego de modificaciones de leyes y fallos judiciales, hoy en día la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación es ejercida por el presidente de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Horacio Rosatti.
–¿Y cómo es en el caso de Jujuy?
–Acá es un sistema diferente. Las únicas facultades que tiene el Consejo de la Magistratura son la selección de jueces, fiscales y defensores por concurso público y antecedentes, y también tiene la potestad disciplinaria, ya sea para establecer correcciones e investigar sobre la actuación de los jueces, fiscales y defensores, como asimismo de acusar en el caso que corresponda ante el Jury de Enjuiciamiento. Somos once miembros, pero cuando se trata de la selección o investigación de un fiscal o un defensor, interviene el Procurador General o la Defensora General según corresponda, y uno de los miembros de la Corte se retira del plenario. Asimismo, los dos jueces que representan a los jueces inferiores son sustituidos por dos fiscales o dos defensores. O sea que siempre vamos a ser once.
–¿Sale usted o tiene que salir el otro juez de la Corte?
–Sale el otro juez de la Corte, porque la presidencia siempre se mantiene. Salvo que por algún motivo me tenga que excusar o alguien me recuse, en ese caso sí salgo y asume la presidencia el otro miembro titular de la Corte. Pero son casos muy hipotéticos. A lo que voy es que somos once, pero también son titulares el Procurador General y la Defensora General ante determinadas situaciones, ya sea para el nombramiento y selección o para ejercer alguna facultad disciplinaria.
–Más allá de esas funciones, ¿cómo va a trabajar el Consejo? ¿Se van a reunir una vez por semana, por ejemplo?
–Bueno, recién quedó constituido, ayer se produjo el juramento. Tengo que convocar la primera reunión para la semana que viene, donde empezar a analizar situaciones como la reglamentación, el funcionamiento y la firma de convenios con el Poder Judicial y con el presidente de la Corte.
–¿Dónde van a funcionar?
–Vamos a ocupar el mismo espacio que actualmente tiene el Tribunal Evaluador, que viene trabajando hace 10 años, y con el mismo personal. No se van a hacer contrataciones. También vamos a tener partidas presupuestarias con las que nos va a asistir el Poder Judicial, hasta que podamos elevar el presupuesto propio, ya que tenemos autonomía, independencia y autarquía.
–¿Ese presupuesto va a estar en el 2027?
–Vamos a intentar que lo tengamos en el 2027. De todas maneras, si por algún motivo no se llega con el presupuesto, necesitamos esta simbiosis con el Poder Judicial a los efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Son detalles que creo que vamos a poder cumplir perfectamente. El objetivo final es lograr la autonomía definitiva y la autarquía, pero es un proceso.
–¿Tienen que nombrar más jueces y más fiscales?
–Eso está concluido. Hay dos o tres vacantes en el Poder Judicial. En realidad hay más, pero sobre las otras ya se hizo ante el Tribunal Evaluador el procedimiento de concurso, los exámenes y antecedentes, y ya están hechas las ternas. Hay algunas que están en el Poder Ejecutivo y otras ya a consideración del Poder Legislativo.
–¿Esas ternas son de jueces penales, fiscales u otros cargos?
–Actualmente hay un juez unipersonal laboral, un juez de cámara laboral, dos o tres defensores, uno o dos fiscales y un juez de primera instancia de ejecución fiscal. Son alrededor de siete u ocho nombramientos donde ya se concluyó la etapa de selección por parte del Tribunal Evaluador y está dependiendo de otros poderes del Estado.
–¿Esto significa que el Consejo de la Magistratura en esos siete u ocho nombramientos no va a participar?
–Así es, porque ya está concluido el proceso de selección en base a la ley vigente en ese momento.
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Las razones de la demora
Consultado sobre por qué se demoró la puesta en marcha del Consejo de la Magistratura, Miranda repasó: «Primero, para que exista un Consejo de la Magistratura había que reformar la Constitución y elevarlo a rango constitucional, como hicieron casi el 70% o más de las provincias de la Argentina, que adecuaron sus cartas magnas para establecer el régimen o crear este instituto con distintas ópticas y funciones».
Miranda explicó que, una vez concretada esa reforma de la Constitución provincial, en 2023, empezó a correr el plazo de dos años previsto y se dictó la ley que reglamentaba el funcionamiento del Consejo. Hubo una comisión, presidida por el entonces supremo Ekel Meyer, que analizó la ley sumando aportes de distintos sectores.
«Esa ley fue modificada hace muy poco tiempo, para adecuarla a la realidad local y a nuestra estructura judicial, donde no tenemos tantas vacantes. Porque generar un organismo con cargos equiparados a sueldos de jueces, en esta etapa por lo menos, no era el objetivo y no tenía sentido», detalló.
Una de esas modificaciones estableció que las funciones que ejercen los miembros del Consejo de la Magistratura son inherentes al cargo; es decir, no perciben una retribución extra ni por presidir ni por integrarlo. Con una excepción: los abogados de la matrícula, que en el régimen de la primera ley tenían bloqueo del título y cobraban como un juez; y en este nuevo sistema no tienen bloqueo sino que pueden ejercer libremente la profesión y van a cobrar una remuneración acorde al desempeño establecido en la ley.
Sobre el mecanismo por el cual se eligieron a jueces, fiscales y defensores hasta ahora, Miranda destacó el 70 por ciento de los funcionarios que hoy están en ejercidio fueron seleccionados por el Tribunal Evaluador, y que la tarea de ese cuerpo «fue impecable y el procedimiento de selección fue un éxito». En particular, mencionó la cuestión de la paridad de género: «De ese porcentaje, más de la mitad son mujeres, mientras que con la Constitución del año 1986 los porcentajes de participación femenina eran inferiores.»
Para Miranda, que hayan pasado tres años para poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura «tampoco implicó un perjuicio hacia la justicia, hacia la ciudadanía o el justiciable», sino que se trató de «una continuidad y un paso más en la construcción de ciudadanía».
Asumieron las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de Jujuy
