La dirigente social Milagro Sala abandonó la cárcel federal de Gral. Güemes y ya está en la vivienda de El Carmen donde el juez Pablo Pullen Llermanos dispuso que cumpla con la prisión domiciliaria que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ratificar en su última Acordada lo que había solicitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en diciembre pasado.
Sala llegó pasadas las 15.00 horas, en medio de un fuerte operativo de seguridad, montado por la Policía y el Servicio Penitenciario de Jujuy, ordenado por el juez. Tal como lo había adelantado, la dirigente social abandonó la huelga de hambre que mantuvo por 11 días, desde que había sido trasladada al penal salteño.
Antes de la llegada de Milagro a la prisión sui generis que montó el magistrado en el inmueble, efectivos policiales de las divisiones antidroga y antiexplosivos, junto a personal de Bomberos, realizaron una exhaustiva requisa en toda la casa y sus alrededores.
Con esta disposición de Pullen Llermanos, el Superior Tribunal de Justicia sigue sin acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por unanimidad dispuso el martes pasado que Sala cumpla prisión domiciliaria en su residencia habitual, tal como había establecido la CorteIDH, que pedía el inmediato traslado y medidas menos restrictivas.
Sala salió del penal federal de la ciudad salteña de Güemes pasadas las 14.00 horas. En la casa que está ubicada en las proximidades del dique La Ciénaga la esperaba su familia e integrantes del Comité de Prevención Contra la Tortura.
Hace 11 días Sala había sido trasladada en la noche a la cárcel federal de Salta por orden de Pullen, quien argumentó que su decisión era “para resguardo de su integridad, salud y persona”.
El juez entendió que las últimas acciones de Sala atentaban contra sí misma y entorpecía a la Justicia, en relación al juicio denominado Pibes Villeros que se está desarrollando en San Salvador de Jujuy, en el que la dirigente social está siendo juzgada junto a otras 30 personas en un proceso oral y confidencial donde se investiga una supuesta defraudación al Estado por 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones habrían sido cobrados por las cooperativas que conformaban la Red de Organizaciones Sociales para construir núcleos habitacionales en el programa nacional “Vivir Mejor II”.
El dictamen del juez residual que envió a Sala fuera de la provincia de Jujuy fue apelado por los abogados, que presentaron un habeas corpus correctivo. Finalmente, la Corte Suprema ordenó este martes al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy cumplir “inmediatamente con la restitución de la prisión domiciliaria, en su residencia habitual”, que es en el barrio Cuyaya de la capital provincial, en la calle Gordaliza, como había dispuesto la Corte IDH, y no en El Carmen.
De esta manera, la justicia provincial sigue incumpliendo con lo ordenado por el máximo órgano judicial del país y por los organismos internacionales.