Por el Partido Obrero Jujuy Tendencia
Con los niveles de pobreza que el gobierno de Macri y Morales ha dejado a la provincia de Jujuy, y con el carácter discrecional y clientelar con que este mismo gobierno maneja su plan de “contingencia” Jujuy asiste y reactiva, es indiscutible la necesidad de garantizar que todas las familias jujeñas puedan alimentarse. Sin embargo, la ley de emergencia alimentaria promovida desde los diferentes sectores del PJ, está muy lejos de garantizar este objetivo.
En realidad, lo que tenemos es una disputa inmoral entre radicales y peronistas por el manejo de los recursos del Estado para la asistencia social, en ambos casos bajo criterios clientelares y discrecionales. Esto porque en ningún caso se parte de garantizar el control y reparto democrático de la tan necesitada asistencial social, que de todos modos no puede ser más que una medida de emergencia.
El PJ, que dirige la mayoría de los gremios que conforman el Frente Gremial Amplio y la CGT, desde hace rato podría haber frenado la avanzada ajustadora de Macri y Morales en la provincia preparando y declarando la huelga general. Por el contrario, han sido una pieza fundamental para inmovilizar a los trabajadores jujeños y dejar pasar el ajuste, la caída del valor adquisitivo del salario y la precariedad laboral. El mismo PJ que ahora se unifica en la legislatura bajo esta tramposa emergencia alimentaria, hasta ayer estaba dividido votándole las leyes de ajuste y endeudamiento que Morales les pidió. Ellos no van a resolver este desmadre del que son en parte responsables.
Morales por su parte se niega a esta ley diciendo que su aprobación generaría el regreso de Milagro Sala, cuando en realidad toda la estructura mafiosa y clientelar de la vieja Tupac Amaru, se pasó con bagaje y todo a su gobierno, con Cayo, Bejarano o Mabel Balconte a la cabeza.
Morales no esconde su propósito de arrogarse el reparto clientelar de la asistencia social a través de sus punteros.
La emergencia alimentaria que macristas y pejotistas acaban de votar en el congreso nacional, no ha satisfecho ningún reclamo concreto de las organizaciones sociales, le ha dado el manejo discrecional de 12 mil millones de pesos a Macri y Marcos Peña en medio de una campaña electoral; y por el contrario ha servido como excusa para que aquellos que no han visto satisfechas ningunas de sus reivindicaciones inmediatas sean llamados por el macrismo y por Alberto Fernández y la CGT a abandonar las calles.
Desde el Partido Obrero, con nuestro diputado Iñaki Aldasoro denunciamos este operativo mediático y llamamos la atención a los trabajadores empobrecidos y a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre, que para asistir de manera inmediata sus reclamos es necesaria la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados, y el impulso de la huelga general para acabar con los gobiernos que han hundido al pueblo trabajador jujeño en la pobreza, la desocupación y el hambre.
Es necesario imponer un aumento de emergencia de todos los salarios, la apertura de los libros contables del estado y su control por parte de comités de trabajadores. El inmediato pase a planta de todos los precarizados. El control democrático del reparto de la asistencia social a través de asambleas barriales y la expulsión de los punteros del gobierno declarando la independencia política de las organizaciones sociales de los gobiernos de turno.
Para acabar con la crisis es necesario desconocer la deuda, y establecer el control obrero sobre los resortes económicos y financieros de la provincia y el país y acabar con este régimen de discrecionalidad en favor de los capitalistas.
Por eso luchamos por una Asamblea constituyente libre, soberana y con poder para revocar el conjunto de este régimen fracasado y por el gobierno de trabajadores.
El acompañamiento de la izquierda a este tipo de maniobras parlamentarias del PJ, la coloca bajo el peligro mortal de una disolución como fuerza política independiente y la condena a hundirse con el conjunto de los partidos patronales fracasados, cerrando la perspectiva de lucha de un gobierno de trabajadores.