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En los pasillos de la Casa Rosada se consolida una certeza: la salida diplomática es la mejor alternativa para el jefe de gabinete, Manuel Adorni. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, busca un destino consular que le permita al funcionario salir del país sin enfrentar el filtro del Senado.
Esta estrategia se acelera mientras en la Cámara Alta se configuran los votos para aplicar una moción de censura, un mecanismo de remoción que no registra antecedentes desde su incorporación en la reforma constitucional de 1994.
El trasfondo de la maniobra también exhibe movimientos en el organigrama ministerial. El canciller Pablo Quirno aspira a suceder a Adorni en la Jefatura de Gabinete y cuenta con el respaldo de la secretaria general.
Bajo esa sintonía, el Palacio San Martín confeccionó una nómina de sedes diplomáticas donde el actual jefe de ministros podría asumir en comisión, eludiendo el aval legislativo.
Entre los destinos evaluados figuran Italia, Chile y México, aunque en las últimas horas cobró fuerza la opción del consulado en Miami, una plaza que requeriría únicamente un decreto presidencial para desplazar al actual representante, Marcelo Gilardoni. Por su parte, el funcionario interpelado manifestó que analizará la situación junto a su entorno familiar.
El Senado y la postura de los gobernadores
La viabilidad de la moción de censura avanza de cara a la sesión del próximo jueves. La oposición dialoga con la titular del Senado, Victoria Villarruel, y la conducción del bloque oficialista a cargo de Patricia Bullrich para definir los términos de la interpelación o el apartamiento definitivo. Para concretar la destitución se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la cámara, un piso que equivale a 37 voluntades.
Pese a la presión de Mauricio Macri para exigir el desplazamiento del ministro, el Poder Ejecutivo no inició gestiones formales ante las provincias para frenar la iniciativa. Esta inacción alimenta la hipótesis de un repliegue estratégico por parte del núcleo presidencial, que optaría por delegar el costo del despido en el Congreso para luego capitalizar políticamente una posición de victimización.
Los mandatarios provinciales que habitualmente respaldan las iniciativas de la gestión central coinciden en que no asumirán el desgaste político de blindar al funcionario en el recinto. Voces ligadas a los bloques dialoguistas advierten que el margen de defensa es inexistente ante las derivaciones del caso y señalan que la suerte de Adorni está echada, condicionada además por las eventuales resoluciones en el ámbito judicial.
