El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Javier Bach Bilbao*. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y la Fuerza Aérea lanzaron bombas sobre la Plaza de Mayo mientras miles de civiles trabajaban, manifestaban y vivían. No fue un accidente. Fue una decisión.
A setenta y un año, el deber de la memoria no es solo nombrar a los muertos: es entender qué clase de violencia política decide que un pueblo sin armas merece la metralla desde el aire.
A las 12:40 del mediodía, con la Plaza de Mayo llena de trabajadores y transeúntes, muchos congregados para un homenaje al general San Martín, aviones de la Marina sobrevolaron Buenos Aires y comenzaron a bombardear: no un objetivo militar, sino la plaza más simbólica del país.
Durante cinco horas, entre treinta y cuarenta aviones de la Marina y la Fuerza Aérea realizaron más de cuarenta incursiones, descargando un centenar de bombas y entre nueve y catorce toneladas de explosivos sobre la Casa Rosada, el Congreso, la CGT, La Razón y la Avenida de Mayo, atestada de gente.
Los números son brutales y deben nombrarse sin eufemismos. Al menos 308 civiles murieron (otros relevamientos elevan la cifra a 364), con entre 700 y más de 1.200 heridos. El propio Estado reconoció después que la cifra real probablemente fue mayor, porque muchos cuerpos no pudieron identificarse.
Fue la masacre aérea más sangrienta cometida contra población civil en la historia argentina, con cadáveres amontonados frente a la Casa Rosada y hospitales desbordados.
El operativo fue encabezado por el contralmirante Samuel Toranzo Calderón, con sectores de la Marina, la Aeronáutica y el Ejército. En tierra, comandos civiles de la oposición tomaron la radio estatal para anunciar la falsa muerte de Perón: el objetivo era matar al presidente y abrir paso a un triunvirato opositor. Perón sobrevivió, refugiado a metros de la Casa Rosada. El pueblo que lo rodeaba, no.
Hay un detalle que pocas veces se cuenta y que define el carácter del hecho: los conspiradores hicieron despegar los aviones con la insignia de la Cruz Roja pintada en los fuselajes, simulando ser aeronaves sanitarias para no ser atacados.
Algunas llevaban además pintada la leyenda “Cristo Vence”, invocación con la que sectores civiles y eclesiásticos antiperonistas bendecían la operación. Usaron el emblema de la humanidad y el nombre de Dios para encubrir una masacre: la primera expresión atroz de antiperonismo surgida desde elementos del propio Estado, bendecidos por una porción de la Iglesia.
El fracaso del golpe no terminó con la violencia: la trasladó. Esa noche, grupos peronistas incendiaron el Jockey Club, la Curia Metropolitana y otros templos. Los pilotos sublevados huyeron a Montevideo, recibieron asilo, y regresarían meses después, sin ser juzgados, para protagonizar el golpe de septiembre de 1955 que derrocó a Perón y proscribió su nombre durante dieciocho años. La dictadura que siguió no investigó la masacre: la archivó.
A setenta y un años de distancia, el 16 de junio sigue siendo una herida abierta en la historia política argentina, precisamente porque su tratamiento nunca fue completo: no hubo un Nuremberg argentino para este crimen ni condena pública unánime. Pero la violencia que parte del aparato del Estado, de sus propias fuerzas armadas, contra ciudadanos desarmados en una plaza pública no es equiparable a ninguna respuesta popular posterior.
El orden de los hechos importa, la dirección de las armas importa, la asimetría entre quien tiene los aviones y quien camina por la vereda importa. Lo que se intentó ese día fue enseñarle a un pueblo que la plaza pública tiene precio y que el poder que se siente amenazado por las urnas puede responder con las bombas.
Setenta y un año después, la única respuesta política honesta a ese crimen es una democracia lo suficientemente robusta como para que nadie vuelva a pensar que las bombas son un instrumento legítimo de gobierno.
* Militante Peronista
