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Familiares autoconvocados, centros de estudiantes de colegios preuniversitarios y referentes gremiales de AGD y Feduba anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional de recolección de firmas para exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa busca frenar el recurso judicial interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional contra la normativa aprobada por el Congreso, que estipula una recomposición salarial que duplica el reciente incremento del 24,3% acordado entre el Gobierno y algunos sectores de la comunidad académica.
Desde la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los organizadores señalaron que el entendimiento salarial provisorio no resuelve la crisis estructural del sistema de educación pública.
Representantes estudiantiles del Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini y la Escuela Superior de Comercio de Rosario manifestaron que el porcentaje otorgado no constituye un aumento real sino una recomposición parcial frente a la pérdida del poder adquisitivo, por lo que ratificaron la continuidad del plan de lucha en defensa de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento institucional y de investigación.
Reclamo federal y deficiencias presupuestarias
La convocatoria sumó la participación por vía digital de delegaciones de Salta, Córdoba, Rosario y La Plata, consolidando un reclamo de carácter federal frente a lo que consideran un intento oficial de atomizar el conflicto. Durante la presentación, las conducciones estudiantiles denunciaron que la falta de recursos afecta de manera directa áreas sensibles de los establecimientos, advirtiendo sobre el incumplimiento de la Ley de Salud Mental al interior de los colegios debido a la asignación de partidas equivalentes a apenas el 1% del presupuesto del área de salud.
Por su parte, la secretaría general de AGD-UBA, Laura Carboni, y el titular de Feduba, Pablo Perazzi, cuestionaron la celeridad con la que el Consejo Interuniversitario Nacional convalidó el último acuerdo salarial tras las masivas movilizaciones de protesta.
Los dirigentes sindicales enfatizaron que el objetivo de la campaña es recolectar un millón de adhesiones para evitar que el tribunal supremo dilate su pronunciamiento, remarcando que la Ley de Financiamiento es la única garantía jurídica para asegurar el sostenimiento de los hospitales universitarios, los sueldos del personal y los montos de las becas de estudio.
