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Movimientos Sociales de Jujuy contra la criminalización de la protesta social

Las organizaciones sociales campesinos e indígenas de Jujuy reclaman tierra para producir y vivir, 10 mil puestos de trabajo, presupuesto para alimentos y el gobierno de Gerardo Morales nos responde con detenciones y causas contravencionales. “No a la criminalización de las protestas sociales”, denunciarán en la plaza Belgrano, este miércoles

En un comunicado público, afirman que “desde que se inició la pandemia del coronavirus, un nuevo desafío se sumó a las organizaciones sociales, campesinos e indígenas del triunvirato de la provincia de Jujuy, sobrellevamos de manera solidaria y comunitariamente, ayudamos a los sectores más empobrecidos en este periodo tan difícil. Somos familias que vivimos el día a día, que buscamos la autosustentatibilidad con la economía social, pero con los bajos ingresos económicos las familias no llegan a cubrir los alimentos básicos, de esta manera se agudiza las situaciones de pobreza extrema sin cubrir las necesidades básicas establecidas por el INDEC.

Aún así como espacios populares nos pusimos en primera línea contra la pandemia, el hambre, acercando alimentos a los más golpeados por la falta de trabajo, que afecto su salud.  Nos organizamos en nuestros espacios comunitarios, comedores, merenderos, cooperativas, huertas, ayllus educativos, vendedores ambulantes, y tuvimos que ampliar aún más, hasta reinventar distintas formas de reorganización para sobrellevar estos tiempos difíciles en pandemia, donde el gobernador Gerardo Morales no busco dialogar ni brindar ningún tipo de apoyo a nuestros espacios populares, negando derechos básicos a nuestras familias.

El gobernador Gerardo Morales no reconoce nuestro trabajo primordial ante la ausencia del Estado, más bien cuando plateamos tierra para producir y vivir, trabajos dignos, y el derecho a la alimentación nos criminaliza, persiguiendo a representantes e integrantes de las familias de estas organizaciones sociales, campesinos e indígenas, negando el derecho a la protesta social que tenemos como  todo ciudadano argentino que sale a las calles a visibilizar demandas que el gobierno de Jujuy no resuelve.

En el año 2020 salimos a realizar distintas protestas sociales ante los femicidios, ante la falta de presupuesto para la alimentación, exigiendo reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras esenciales, en defensa de los territorios, ante los desalojos de comunidades originarias, ante injusticias laborales, donde también salieron los sindicatos, trabajadores del estado, diferentes empresas privadas y distintas entidades.

Nosotros como espacios populares de los sectores sociales, campesinos e indígenas más golpeados por la pandemia, reiteramos nuestros reclamos el día 15 de diciembre, ante la falta de diálogo y apoyo a  nuestras familias, en el cual se logró la instalación de una mesa de diálogo y de trabajo la cual venimos llevando adelante, pero el gobernador en medio de esto responde enviándonos citaciones contravencional por reclamar nuestros derechos humanos básicos, pretende disciplinarnos criminalizando la protesta, realizando persecuciones con multa e  intimaciones a distintas organizaciones sociales, campesinos, indígenas, y también a sus dirigentes.

Firman: CCC (Corriente Clasista y Combativa), Movimiento Evita, Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Somos Barrios de Pie, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Frente Popular Darío Santillán, Federación Nacional Campesina (FNC) y Movimiento de Acción Popular (MAP), entre otros.

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