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Héctor Vilte, de 31 años, falleció tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo mientras estaba detenido. Mientras el Gobierno defiende sus protocolos y resalta la inversión en seguridad, la familia desmiente la versión del suicidio y exige justicia.
La muerte del hombre desató una fuerte polémica en Jujuy. El joven, que permanecía detenido en una comisaría del barrio El Chingo, falleció en el Hospital Pablo Soria tras agonizar con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Para su familia, la hipótesis oficial de un suicidio «a lo bonzo» es imposible y apuntan directamente contra el accionar policial.
La denuncia de la familia: «Él jamás atentó contra su vida»
En declaraciones a la prensa, la hermana de la víctima sembró graves dudas sobre lo ocurrido dentro del calabozo. Según su relato, Vilte fue detenido el viernes al mediodía por un presunto robo, pero la familia recién fue notificada de su estado de salud el domingo por la noche.
«A mí me llama mucho la atención cómo mi hermano se pudo prender fuego. No estoy tranquila y quiero saber realmente qué es lo que pasó», afirmó.
La mujer fue tajante al desmentir la versión de una supuesta autodeterminación: «Para mí no se prendió fuego. O lo golpearon o lo quemaron para ocultar una golpiza». Además, cuestionó las irregularidades en el procedimiento de detención:
Falta de requisa: «¿Cómo es que dicen que le sacaron un cuchillo, pero no saben de dónde salió un encendedor?».
Falta de control médico: Denuncian que no hay constancia de un examen médico previo al ingreso a la celda.
Silencio oficial: Critican que pasaron más de 48 horas sin recibir información sobre el traslado de Vilte al hospital.
La postura del Gobierno: «Compromiso con la transparencia»
Ante la gravedad del hecho, el Gobierno de Jujuy emitió un comunicado informando que el Ministerio de Seguridad puso a disposición de la Justicia todos los recursos necesarios para esclarecer el caso, el cual quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.
El Estado provincial subrayó que la integridad de las personas bajo custodia es una «responsabilidad indelegable» y que se actuará con firmeza ante cualquier apartamiento de los protocolos.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, defendió la gestión actual destacando la inversión en infraestructura carcelaria:
Afirmó que gracias al Centro de Detención de Chalicán, se logró «prácticamente vaciar las comisarías de detenidos».
Aseguró que estas políticas buscan reducir riesgos y garantizar el respeto a los derechos humanos bajo estándares internacionales.
Investigación en curso
Mientras el Gobierno resalta sus estrategias de prevención y mejora del sistema penitenciario, la familia de Héctor Vilte —quien dejó dos hijos pequeños— exige avances concretos en la investigación judicial. La justicia deberá determinar ahora cómo ingresó un elemento ígneo al calabozo y si se cumplieron los protocolos de vigilancia para evitar el fatal desenlace.
