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Mujeres que desaparecen en Jujuy: ¿Violencia de género o crimen organizado? 

Por Gabriela Tijman. El gobernador Gerardo Morales anunció la presentación de un proyecto de ley para crear el Comité Interministerial Permanente de Actuación ante Desapariciones y Extravíos de Mujeres y Niñas y Personas de la Diversidad. La iniciativa, dicen, «apunta a profundizar la lucha cultural contra la violencia de género».

El anuncio surge en medio de una serie de protestas y movilizaciones por los últimos casos de jóvenes desaparecidas, algunas de ellas luego asesinadas. El reclamo generalizado es por la falta de celeridad en la búsqueda, pero también por dudas sobre posibles complicidades.

En la presentación de este nuevo proyecto de ley no se hizo ninguna mención a la posibilidad de que las desapariciones de mujeres sean producto de actividades ilícitas relacionadas con delitos como la trata de personas, por ejemplo.

En cambio, toda la cuestión está centrada en la «violencia de género». El gobernador Gerardo Morales dijo que levanta la bandera de Ni Una Menos y remarcó que los hechos de este tipo recrudecieron con la pandemia, «lo cual fue oportunamente advertido», aclaró. Nada informó sobre las acciones que se llevaron adelante para enfrentar el problema ni se exhibieron datos como la cantidad de mujeres a las que se les dio refugio en estos meses para alejarlas de su agresor ni ningún otro tipo de acción concreta en ese sentido.

En mayo de 2017 el Ministerio de Seguridad de Jujuy aprobó el Protocolo General para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas. Ese primer protocolo se fundamentó en la necesidad de «la creación e implementación de políticas públicas y herramientas» para «disminuir» los casos de desaparición de personas y a evitar que una desaparición «se prolongue en el tiempo y pueda ocasionar graves daños físicos y psíquicos» a las víctimas.

La Resolución 51/2017 dice además que la Policía de la Provincia es «actor principal en la investigación de casos de desaparición de personas», y por esa razón se la debe dotar de «herramientas técnicas, de instrumentos operativos que faciliten u intervención y permitan tornar más eficaz su labor».

Al pasar al Protocolo en sí, se detalla que la denuncia debe ser recibida «de inmediato» y que no se debe esperar «para empezar a trabajar en la búsqueda».

Más adelante define las categorías de alto y bajo riesgo, de acuerdo a una serie de características. Para el caso de las personas menores de 18 años, el Protocolo establece que «se presume siempre de alto riesgo». Y lo mismo cuando la persona desaparecida es víctima de violencia de género, con o sin medidas de protección establecidas.

Ese Protocolo prevé la conformación del Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas Consideradas de Alto Riesgo, integrado las áreas de Seguridad, Seguridad Vial, Emergencia, Género y Salud. También prevé la participación de «miembros invitados informales», entre los que se cuentan medios de comunicación, fundaciones, asociaciones civiles y centros vecinales.

A partir de allí se describe la cadena de medidas y acciones que se deben cumplir, una larguísima enumeración cuya lectura puede llevar más tiempo del que se tarda en salir a buscar a una persona que desapareció.

Pasaron más de tres años de la aprobación de ese protocolo, que se incumplió de punta a punta para buscar a Iara Rueda y Cesia Reynaga, para citar solo los dos casos más recientes. Las dos adolescentes fueron finalmente ubicadas. Asesinadas. Y en ninguno de estos casos hay evidencia -y ni siquiera presunción- de que hayan estado atravesando situaciones de violencia de género.

Por estos días son numerosas las denuncias en redes sociales y vía Whatsapp de chicas que hablan de autos que las siguen intentando atraparlas. Hay un auto blanco que aparece en numerosas imágenes. Hay también capturas de pantalla en las que se leen mensajes intimidatorios, amenazantes, de acoso sexual. En San Salvador de Jujuy, las adolescentes y jóvenes se organizaron para armar grupos de Whatsapp por barrios, para estar comunicadas y atentas frente a cualquier situación sospechosa o atemorizante.

No parece ser un panorama relacionado a la violencia de género.

Y si de violencia de género hablamos, la «batalla cultural» de la que habla el gobernador Morales debería darse a través de acciones preventivas, como campañas de concientización. Cuando una mujer desaparece, más allá de cómo termine la historia, la batalla ya está perdida.

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