Mujeres, trans y travestis en cárceles: El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación

Por Romina Pezzelato, en La Marea. Este 16 de abril la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se da cuenta sobre el estado de situación de las mujeres cis y personas trans en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) o a disposición de la Justicia Federal de nuestro país.

La PPN es un organismo autónomo e independiente, fundado para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y para controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal.

El informe presentado a la CIDH presenta datos que ponen de manifiesto las vulneraciones a las que se ven expuestas de manera cotidiana las mujeres cis y las personas trans (varones y mujeres) privadas de la libertad en nuestro país.

Cifras que sólo crecen

Desde hace varias décadas, la evolución de la población de mujeres cis y personas trans y travestis encarceladas ha ido en aumento. Los datos oficiales producidos por la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, indican que hacia fines del 2019 había más de 4.500 mujeres cis y personas trans y travestis detenidas en todo el territorio de Argentina, lo cual representaba cerca del 5% de la población penal total (el resto se integra por varones).

Por otra parte, la tasa de crecimiento de las poblaciones de varones y mujeres desde el 2002 al 2019 han sido altas: 126% para el caso de los varones y 88% para el caso de las mujeres cis y personas trans encarceladas.

Al tipificar los delitos vinculados a los encarcelamientos de varones y mujeres y personas trans en el SPF, el informe menciona:

Los datos exponen:

a) Por un lado, el mayor consumo de drogas en la población de mujeres y cis y personas trans (dado que de los delitos vinculados a las drogas el mayor porcentaje emerge del consumo).

b) que en el caso de los varones el tercer lugar en la tabla lo ocupan las violaciones, seguidas por los homicidios. Es decir, las mujeres y personas trans quedan encarceladas por delitos que implican escasos o nulos niveles de violencia en relación a los varones.

Si de acuerdo al informe, la persecución del consumo de drogas creció en nuestro país un 147%, y la persecución del contrabando decreció en un -60%; es menester indagar en los motivos que generan esa diferencia en las cifras.

Un dato de relevancia es que del total de personas encarceladas por delitos de drogas, sólo el 39% está condenada. El 61% restante está procesada.

Quiénes habitan las cárceles

Las cifras del estudio de la PPN indican que las mujeres detenidas tienen en promedio 38 años y se encuentran en situaciones de suma vulnerabilidad. La gran mayoría tiene un bajo nivel de escolarización (63%) y serias dificultades para acceder al mercado de trabajo; en tanto antes de la detención, un 37% de las mujeres y personas trans y travestis detenidas se encontraba sin trabajo y otro 44% sólo contaba con un trabajo de tiempo parcial.

Estos datos no son novedad, teniendo en cuenta que la población trans y travesti se ve expulsada de su hogar en la adolescencia (violencia inicial de una cadena de violencias que se reproducen a lo largo de sus vidas), que actualmente tiene un promedio de vida de 35 años y que el 82% de elles no cuentan con trabajo en blanco en nuestro país.

Por otra parte, si pensamos en quienes ejercen el trabajo sexual encontramos que la criminalización por parte de la policía se suma a las violencias que encarna la calle como ámbito de trabajo.

La Ley 26.842 sancionada en nuestro país en el año 2012 regula que puede ejercerse la prostitución en tanto actividad autogestionada. Sin embargo, en 18 de 23 provincias argentinas, los códigos de faltas (muchos de ellos sancionados en la dictadura) criminalizan el trabajo sexual con carátulas como: “ofensa al pudor o la moralidad”; “prostitución escandalosa”; “desnudez en público”, “homosexualismo”; “prostitución peligrosa”, “travestismo”; “vestimenta indecente”; “merodeo”, entre otras.

Según el informe “Criminalización del trabajo sexual en la vía pública” publicado por Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) en mayo de 2016, Córdoba junto a Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa y San Cruz son las 6 provincias que contemplan el arresto como única forma de sanción de la prostitución. Otras 10 provincias agregan la multa como mecanismo punitivo.

Personas trans y travestis encarceladas

A 2018, el 76% de personas trans (mujeres y varones) privadas de la libertad no tenían condena firme, y 7 de cada 10 estaban vinculadas a infracciones a la ley de estupefacientes o a delitos de escasa o nula violencia.

Al analizar las medidas del SPF para garantizar la seguridad de mujeres y varones trans en las cárceles, el informe indica que “No hay políticas de género integrales que diferencien el trato a travestis y trans” y expresa que las cárceles están organizadas bajo patrones cisexistas y heteronormativos que agudizan las violencias.

Hay indicadores muy claros en relación a la invisibilización de la población trans y travesti en el SPF. Uno de ellos es que recién en el año 2015 se incluyó la categoría “transexual” en la colecta de datos. Previo a ese año la información no estaba discriminada, en relación a un sector de la población históricamente criminalizado en nuestro país.

La situación en las provincias de la población encarcelada trans y travesti, es prácticamente desconocida. En diálogo con La Marea, Josefina Alfonsín, integrante del equipo de Género y Diversidad de la PPN, afirmó que «existe un mecanismo nacional de control y seguimiento de los lugares de detención que es el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que se encuentra facultado para visitar, hacer controles y recomendaciones a los establecimientos penitenciarios. Una de las líneas de trabajo es hacer un diagnóstico referenciado en las realidades provinciales».

La entrevistada destacó los informes de organizaciones civiles que indagan la realidad carcelaria de travestis y trans como Cotrans.

Asimismo, desde la PPN se trabaja de manera articulada con diversas organizaciones con el fin de poner en agenda regional e internacional las voces de las personas trans, en los procesos que sostiene el organismo en la defensa de los derechos humanos de este sector de la población.

La invisibilización es en todo caso una de las violencias iniciales que este colectivo padece en el marco de los encarcelamientos.

Desde La Marea Noticias indagamos también el informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2016). El mismo advierte que en 2016 en la provincia de Buenos Aires solo existían dos pabellones destinados a alojar a personas trans/travestis, alojadas en la mayoría de los casos en convivencia con imputados y condenados por delitos contra la integridad sexual.

En el momento de los traslados, sea a una sede judicial o motivado por el cambio de Unidad Penal, la población trans con identidad de género femenina es trasladada junto a hombres y bajo la custodia de personal de seguridad masculino.

Prohibiciones reglamentarias. Existen prohibiciones reglamentarias para introducir a las cárceles de varones el conjunto de elementos que les permite expresar su identidad de género a partir de su apariencia física: desde el atuendo hasta el uso de cosméticos.

Requisas. Las requisas individuales a las personas trans y travestis con identidad femenina autopercibida las realiza el personal masculino, muchas veces en presencia de varios de ellos.

Acceso a la salud. En relación al acceso a la salud ambos informes coinciden en señalar la escasa o nula posibilidad de acceder a controles anuales, y a estudios vinculados a sintomatologías que son inmediatamente medicadas sin procesos diagnósticos. En el caso de las personas trans y travestís para la mayoría se dificulta el acceso y la continuidad a los tratamientos hormonales que realizaban en libertad.

La Marea Noticias contactó a María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) quien afirmó que manejan datos similares a los del informe socializado por la PPN y expresó: “Siempre decimos: aunque la población carcelaria de mujeres, trans y travestis es muy menor a la de varones cis, las tasas de crecimiento, la prevalencia de la prisión preventiva sin sentencia, la incidencia de situaciones de maltrato tortura y muerte lxs afectan más que a la población masculina, porque se intensifican las vulnerabilidades preexistentes”.

Violencia obstétrica y niñeces encarceladas

El informe de la PPN continúa detallando violencias vinculadas al parto y post parto, como las sujeciones/ataduras al momento de parir (denunciados en tanto mecanismos de torturas vigentes en las cárceles); la separación de niñxs recién nacidxs de sus madres, la no posibilidad del contacto inmediato ni el derecho a la lactancia materna.

A estas violencias se suma la falta de elementos de higiene, juegos, y niñxs que se ven involucradxs en las requisas a sus madres a pesar de que los estatutos del SPF detallan procedimientos diferenciados para quienes se encuentran con menores.

Parir en la cárcel ha de ser una experiencia de las más violentas de transitar. Sumarle a la propia vulnerabilidad la de una personita recién nacida. El período de permanencia de lxs niñxs con sus madres está estipulado hasta los cuatro años edad, momento en que son relocalizadxs y entregadxs en guarda a familiares directos, familias de acogida o instituciones de menores.

Desde la PPN se solicitó en el informe que mencionamos poner especial atención a este procedimiento a fin de evitar mayores vulneraciones en lxs niñxs que se ven serparadxs de su mamá.

Múltiples responsabilidades

A la luz de los datos preguntamos a Josefina Alfonsín sobre la cadena de responsabilidades en relación a las vulneraciones mencionadas. En ese sentido, Alfonsín afirma que «es una problemática estructural a nivel del Estado, y en ella se encuentran presentes muchas instituciones. Pensándolo desde el carácter institucional hay que revisar las políticas criminales, la actuación de las fuerzas de seguridad y el tratamiento judicial que se les da a las personas trans y travestis. Si vemos los datos referentes a la criminalización, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos se vinculan a las drogas, se vuelve necesaria una perspectiva interseccional. Más allá de la clásica persecución debido a la identidad de género se suman otros factores de exclusión como la cuestión de clase y la situación migratoria. En este sentido hay que desandar múltiples prácticas de estigmatización y discriminación presentes en todos los ámbitos sociales y sobre todo en las instituciones responsables de esta persecución penal desmedida y desproporcionada».

La referente de la PPN expresó también a La Marea la necesidad de revisar a título individual y como sociedad civil, cómo nos interpela la cárcel en tanto agencia e institución social: «Es revisar en qué medida somos parte de esta cultura del castigo hacia personas travestis y trans. Me parece que es importante desde los movimientos sociales y las organizaciones transfeministas incorporar la situación de criminalización y encarcelamiento de personas trans y travestis en nuestras agendas y hacer una articulación con las oficinas estatales».

Violencia contra violencia

O violencias sobre violencias

¿Hacia quiénes?

¿Por parte de quiénes?

¿Cuántas personas ricas y poderosas se encuentran en prisión?

Nuevamente asistimos a cifras durísimas que sólo denuncian lo que falta, lo muchísimo que falta.

Por acción u omisión, seguiremos denunciando: El estado es responsable.