Miles de mujeres, organizaciones políticas y movimientos sociales se concentraron esta tarde en la plaza Belgrano y en otros puntos del interior de la provincia para exigir justicia por las víctimas de femicidio y la violencia de género, en el marco del séptimo aniversario de la primera marcha Ni Una Menos.
Las activistas se concentraron frente a la Casa de Gobierno, ante un fuerte operativo policial y el vallado de edificios como la Iglesia Catedral ubicada en cercanías a la Plaza Belgrano de la capital jujeña, para dar inicio a la marcha poco después de las 18.
Entre los pedidos, las mujeres reiteraron que la ley de emergencia por violencia de género conocida como ley Iara se haga efectiva y con un presupuesto real. También se reclamó una reforma judicial en clave feminista y la Ley Integral Trans, en un acto del que participaron familiares de víctimas de femicidio y muertes violentas.
Una de ellas fue Mónica Cunchila, la madre de Iara Sabrina Rueda, la joven asesinada en septiembre de 2020 en Palpalá. En representación de Madres y Padres del Dolor, Cunchila planteó a viva voz una de las principales consignas de la jornada: «Señora Alejandra Martínez, pelee por presupuesto y capacítese», reclamó, interpelando a la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer.
Una de las paradas de la movilización en San Salvador de Jujuy fue precisamente la sede de ese organismo, que estaba fuertemente custodiado por un cordón policial. «Ponen policías como si viniéramos a delinquir, pero la policía no está en los barrios ni para recibir las denuncias por violencia de género», expresaron las manifestantes.
Allí reiteraron el reclamo para que se armen los equipos interdisciplinarios para atender y acompañar a las víctimas de violencia, y que se abran refugios donde puedan permanecer protegidas de los agresores.
En este sentido, advirtieron que no hay equipos interdisciplinarios y que las pocas trabajadoras que se desempeñan en esos espacios están siendo «explotadas por el Consejo».
«Pedimos a Alejandra Martínez y a Gerardo Morales que dejen de mentir, dejen de hacer marketing -remarcaron-, porque no va a haber Ni Una Menos si no hay presupuesto y si no aplican políticas públicas con perspectiva de género».
La cuestión del presupuesto es clave para sostener una política pública activa y permanente. En la actualidad, las oficinas que reciben consultas y denuncias sobre el tema atienden en horarios reducidos; no hay refugios donde puedan quedarse las mujeres en riesgo, y la mayor parte del personal afectado, como las promotoras comunitarias que realizan acompañamientos, están en situación laboral precaria.
En el marco de la movilización, los colectivos y organizaciones feministas marcharon también hacia el Ministerio Público de la Acusación, reclamando celeridad en las causas que investigan los femicidios y, sobre todo, una justicia que funcione con perspectiva de género.
En el documento que se hizo público, plantearon la necesidad de una reforma judicial que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, y que castigue el asesinato de mujeres.
El Poder Judicial está cuestionado por la lentitud con que se tramitan las causas penales por femicidios y también por la falta de perspectiva de género que se advierte en numerosas resoluciones judiciales, sobre todo las referidas a la protección de las víctimas de violencia, las órdenes de restricción para los agresores y el régimen con que se implementan.
Las organizaciones exigen que rindan cuentas los y las funcionarias de los tres poderes del Estado, en particular la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez; el ministro de Seguridad, Luis Martín, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello.
También hay un fuerte cuestionamiento al «uso político» de la asistencia a familiares de víctimas de femicidio. A través del documento, las organizaciones recuerdan que el acompañamiento económico, legal y psicológico es una obligación del Estado «que conquistamos luchando y no queremos que se use la necesidad de las familias que quedan destruidas para la propaganda política de los funcionarios de turno».
«No tenemos que naturalizar la violencia de género y los femicidios», expresó Mónica Cunchila, y reclamó: «Queremos que nos cuiden».
Desde el primer Ni Una Menos, en 2015, se registraron en Jujuy 54 femicidios. Teniendo en cuenta la proyección poblacional del Indec, la provincia ocupa el tercer lugar en la tasa de femicidios y transfemicidios por cada 100.000 habitantes, por debajo de Salta y Santiago del Estero.
“La cantidad de femicidios e intentos de femicidios que tenemos en la provincia de Jujuy son muy altos y alarmantes y ello muestra a las claras la situación que estamos viviendo”, indicaron referentes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.
Hubo otras actividades de protesta en las ciudades de San Pedro, Libertador Gral. San Martín, Humahuaca, La Quiaca y Tilcara, entre otras localidades que se sumaron al Ni Una Menos.