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La habitual protesta de Madres y Padres del Dolor en la plaza Belgrano, en reclamo de justicia, tuvo este martes características especiales porque se cumplen exactamente dos años del asesinato de José María «Josema» Villafañe. Su historia, la del mecánico Néstor Cuenca, muerto en medio de un robo hace cuatro meses, y la de Rosita Aliaga, asesinada hace siete años, son sólo tres de las tantas que dan cuenta de la impericia y la indiferencia de un sistema judicial y de investigaciones que abandona a las familias de las víctimas.
Josema Villafañe, de 29 años, murió el 3 de mayo de 2020 tras haber recibido un balazo en la cabeza. Lo abandonaron en la puerta del hospital Snopek de Alto Comedero. Por el crimen está detenida Magalí Quiroga Sáenz, de 23, quien era su pareja en ese momento, imputada de “homicidio calificado por el vínculo, con alevosía”. En tanto, Víctor Garnica, quien era amante de la joven, está acusado de ser coautor del crimen.
Según las pericias, Villafañe habría sido asesinado con un revólver calibre 22 dentro de un vehículo propiedad de Quiroga Sáenz, quien contó con la colaboración de Garnica. Ambos implicados habrían intentado destruir elementos de prueba como prendas de vestir, celulares y el arma.
Laura Villafañe es hermana de Josema. Al igual que toda su familia, está impaciente para que se disponga la fecha de inicio del juicio. «Ya no hay excusas, ni pandemia ni feria judicial», aseguró en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
La impaciencia se relaciona además con cierta desconfianza en lo que pueda pasar en el proceso oral. «Es un caso muy controversial, porque las personas que estuvieron detrás de esto tienen cierta relación con el gobierno, entonces tenemos miedo de que se meta la política y que culpen a perejiles», explicó Laura.
La familia de Josema, junto al abogado que la representa, Adrián Iconomovich, brindaron una conferencia de prensa en el marco de la marcha de Madres y Padres del Dolor. Allí informaron que el fiscal Diego Cussel ya dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la elevación a juicio de la causa, pero el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones luego de presentaciones judiciales realizadas por la defensa de los acusados.
“Nosotros entendemos que la elevación a juicio tiene que ser ineludible; se tiene que dar a los fines de conseguir justicia para la familia Villafañe y de todos los jujeños que se manifestaron en este sentido”, sostuvo Iconomovich, y adelantó que pedirán la pena máxima para la principal acusada.
Por su parte, el padre de Villafañe, expresó: “Querida gente de Jujuy ya es hora que el Poder Judicial muestre con determinación y valor su independencia. Los fiscales y los jueces tienen la obligación de impartir justicia y velar por ella para garantizar un estado de derecho justo”.
En busca de cómplices
Hace cuatro meses, el mecánico Néstor Cuenca era asesinado en su casa de El Carmen. Por el crimen hay un detenido, pero la familia de Néstor está convencida de que hay otros implicados. Por eso le piden al fiscal Diego Cussel, que está a cargo de la causa, que siga investigando. «A mi papá no lo mató una sola persona. Entraron a robar y lo mataron», afirmó Érica Cuenca a El Submarino Radio, y recordó que el imputado tiene antecedentes penales.
En la tarde del 19 de diciembre de 2021, Néstor Cuenca fue asesinado a golpes en su propio taller ubicado en el barrio 1° de Mayo de la localidad de El Carmen. Las pericias indican que lo redujeron entre más de dos personas y «lo apretaron», contó Érica.
La hipótesis que maneja la familia para sostener su reclamo es que «un entregador» sabía que Néstor había cobrado un dinero por la venta de una herramienta. El hombre que está detenido, que vive en el mismo barrio que Cuenca, está imputado del delito de «homicidio criminis causa en concurso real por robo». La familia espera que se dicte cadena perpetua, pero no se queda con eso. «Vamos a pelear para que todas las personas tengan la misma condena -dijo Érica-. A mi papá lo mataron a golpes, adentro de su casa, cuando estaba durmiendo».
En este sentido, la familia pide solidaridad y empatía a quienes hayan podido ver algo el día del crimen. «Pido a la persona que sepa algo, lo más mínimo, que lo diga. Estas personas deben haber salido ensangrentadas, deben haber tenido un auto, una moto esperando afuera. Seguramente alguien los vio porque en El Carmen todos nos conocemos. Los mismos familiares deben haber visto cuando el hijo, el hermano, el marido llegó ensangrentado. Que hablen, que digan lo que saben», reclamó.
La joven lamentó que su familia no haya recibido apoyo ni de la municipalidad de El Carmen ni de las autoridades provinciales. En una oportunidad, ella fue recibida por el exministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, pero eso fue todo. «No recibimos ni apoyo ni acercamiento ni colaboración; ni siquiera humanamente se acercaron a darnos el pésame», señaló.
Más allá de la situación personal, Érica Cuenca hizo un llamado a la comunidad: «No podemos permitir que personas capaces de entrar, sacarte de la cama y matarte por herramientas, por dinero, sigan libres. Los jueces y el fiscal y los investigadores se deben a la sociedad, su trabajo es cumplir con lo que tienen que hacer, que es no permitir que esta gente siga haciendo daño a otra familia», apuntó.
Siete años y ningún detenido
Familiares de Rosa Aliaga también estuvieron presentes en la plaza este martes, como cada semana. En este caso, se están cumpliendo siete años del femicidio y no hay ninguna persona detenida ni imputada. «Lamentablemente tengo que decir que ayer nos informaron que la causa está totalmente frenada», reveló a El Submarino Radio su hermano Carlos.
Rosa Aliaga tenía 53 años. El 29 de mayo de 2015 la mataron de un golpe en la cabeza en su casa del barrio Virgen La Merced, de Libertador Gral. San Martín. Ya sin vida, la apuñalaron en varias partes del cuerpo. Luego la arrastraron y la semienterraron en el patio.
Por el crimen estuvo procesado el exnovio de Rosa, quien permaneció detenido durante nueve meses, pero fue liberado por falta de pruebas, aunque aún no está sobreseído. Actualmente, la causa está a cargo del fiscal José Alfredo Blanco, de San Pedro de Jujuy.
Para Carlos Aliaga, la falta de evidencias contra el imputado y la parálisis en la investigación es consecuencia de «los malos procedimientos que realizaron en el momento la Fiscalía y los ayudantes de fiscal».
«Se hicieron las pruebas en los elementos que sacaron del domicilio de mi hermana y nada daba en contra de él ni de ningún otro, entonces directamente la fiscalía decidió dejarlo en libertad. Pero de ahí en más, aparentemente ellos no han seguido investigando», detalló.
Para Carlos, además de la impericia en los investigadores, influyó la desprotección de la familia. «Por la ignorancia de nosotros en los temas de jueces y todo eso, confiamos plenamente en los abogados que nombramos en ese momento, y así fue pasando el tiempo», relató.
«Le digo al pueblo de Libertador, de Ledesma, de San Salvador, de toda la provincia, que se pongan en nuestro lugar, de los familiares. Salimos a la calle no porque se nos antoje, sino que tenemos que salir a pedir justicia para que vean la mala función que hay en el sistema judicial en la provincia», expresó Carlos.
Y remarcó que «la justicia está trabajando muy mal», lo que relacionó con que haya «tantos casos impunes y de desapariciones de chicas que quedan así, pasan los años y no se mueve nada».
