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El nuevo plan de control migratorio de Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales como «la prohibición de las expulsiones colectivas y el principio de no devolución», advirtió este miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
«El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera», manifestó Türk en una declaración.
El alto funcionario destacó que estas medidas van «en contra de la prohibición de las expulsiones colectivas y del principio de no devolución», según informó la agencia de noticias AFP.
El principio internacional de no devolución garantiza que nadie debe ser devuelto a un país donde pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El plan de Biden
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo plan migratorio que implica que personas que lleguen de forma irregular a la frontera sean más propensas a ser objeto de expulsiones inmediatas y una prohibición de entrar en territorio estadounidense durante cinco años.
Como parte del plan, Biden permitirá el ingreso mensual de hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país y lleguen en avión para no sobrecargar a los agentes que patrullan la frontera.
El programa también establece que quienes intenten entrar irregularmente serán expulsados bajo la norma sanitaria conocida como Título 42, con intervención de la Policía y en coordinación con México, país con el que comparte una frontera de más de 3057 kilómetros de largo.
En octubre de 2022 se lanzó un programa similar para 24.000 venezolanos, que les permitía ingresar al país mediante una petición formal, para la cual precisaban tener un patrocinador en Estados Unidos, aunque sólo por vía aérea.
El Título 42, una controvertida restricción fronteriza implementada bajo el Gobierno de Donald Trump que permite la deportación rápida en las fronteras terrestres y que estaba previsto que expirara en diciembre, seguirá vigente tras una decisión de la Corte Suprema, que aceptó, al menos temporalmente, una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levantaba la norma.
El Título 42, que había sido activado en marzo de 2020 por el Gobierno de Trump con argumentos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus, permite a las autoridades expulsar sin demora a los migrantes sin permiso de residencia detenidos en las fronteras terrestres.
La economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera y Biden prometió a su llegada a la Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las políticas de su predecesor, contra la inmigración irregular.
Muchos migrantes que buscan escapar de la pobreza o la violencia en sus países de origen emprenden una ruta llena de peligros para llegar a territorio estadounidense y muchos encuentran la muerte.
El tema fronterizo es una de las principales debilidades políticas de Biden, una piedra en su camino para la reelección si se presenta a un segundo mandato en el cargo, como tiene pensado según sus consejeros. En noviembre, las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron una cifra récord de 230.000 personas.
Hasta ahora Biden mantuvo bajo perfil frente a las críticas de la oposición, pero también de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
