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Luego del fallido encuentro con Patricia Bullrich, Germán Garavano y Claudio Avruj, los organismos de derechos humanos redoblaron la apuesta y le mandaron una durísima carta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, donde no sólo le reiteran el pedido de entrevista que le hicieran la semana pasada sino que además reafirman la responsabilidad del Estado nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Firmado por Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y otras organizaciones, el texto dice lo siguiente: “La desaparición forzada, según la define la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Naciones Unidas, se entiende como ‘el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley’”.
Más adelante, le dedican un párrafo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, exigiéndole que adopte las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos ese 1º de agosto y garantizar la aparición con vida de Santiago, al tiempo que solicitan “el inmediato apartamiento de los gendarmes que participaron de la represión” , incluyendo a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti.
Al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le reclaman “inmediatas medidas de protección para la familia de Santiago Maldonado, los testigos del hecho y los representantes de los organismos de derechos humanos que se encuentran en Cushamen acompañando a la Comunidad”.
Y por último, al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, le recuerdan que “son parte de sus deberes la ejecución y seguimiento de políticas para la promoción y la protección de los derechos humanos y la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relativos a los derechos humanos” por lo que tanto el acompañamiento de la familia de Santiago Maldonado como las directivas para una investigación eficaz “recae dentro de sus obligaciones”.
