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Una vez más, la Justicia le exige a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que entregue los alimentos a comedores populares. Este viernes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Correa, le ordenó al Gobierno que debe continuar con la entrega de alimentos y que mantenga actualizado el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom).
Esta sentencia fue resultado de un amparo colectivo que presentó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera el dirigente social Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Cuéntenla como quieran, pero ya es el octavo juez que les falla en contra, estamos en una República y ahora la orden es clarita: entreguen alimentos”, dijo el dirigente social en sus redes sociales en un mensaje destinado al presidente Javier Milei y su ministra.
.@JMilei , @SPettovelloOK , cuéntenla como quieran, pero ya es el octavo juez que les falla en contra, estamos en una República y ahora la orden es clarita: entreguen alimentos. pic.twitter.com/RRKBOGp2nY
— Juan Grabois (@JuanGrabois) November 1, 2024
En el fallo, el magistrado determinó que “el Estado Nacional debe continuar con la ejecución de las políticas públicas vigentes en materia alimentaria de manera progresiva”. Asimismo, resaltó que el Ministerio de Capital Humano debe mantener “la ejecución de los planes y programas vigentes”, así como “las políticas públicas que el propio Estado Nacional reconoce que implementa resulta ser beneficio para los grupos desaventajados, habida cuenta de que no representa un privilegio para dichas personas”.
Para el juez, la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Pettovello “resulta una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación”. Además, subrayó que incumplir con la medida conlleva “responsabilidad internacional” por los tratados a los que Argentina suscribió.
El fallo también obliga al Gobierno a mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar rápidamente en el caso de las organizaciones que tienen convenios en trámite para acceder precisamente a las prestaciones alimentarias.
El periplo judicial comenzó en febrero cuando Grabois advirtió que Capital Humano había dejado de entregar alimentos a las organizaciones sociales. Luego se conoció que había más de 5.000 toneladas de productos guardados en dos galpones, algunos vencidos, y casi 340 mil kilos de leche en polvo que vencían en julio.
A fines de mayo, en medio del revuelo que este hallazgo generó, el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio que presentara un plan de reparto de la comida.
En ese momento, Pettovello apeló y anunció que solo repartiría la leche con el Ejército y con la Fundación Conin, del pediatra antiderechos Abel Albino, pese al latiguillo repetido por Javier Milei de «terminar con los intermediarios».
