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«Nos decían que no existíamos, que estábamos sentenciadas a muerte», relató hoy la docente Gladys Artunduaga ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy durante su testimonio en una nueva audiencia en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy.
En este juicio se están ventilando las causas por el secuestro y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, una docente miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuyo cuerpo apareció en el cementerio de Yala, y la caratulada “Giribaldi, Osvaldo Gregorio y otros”, en la que se investiga la detención y desaparición de, además de Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur. Todos ellos fueron vistos por última vez el 10 de junio de 1976, cuando fueron sacados del penal de Villa Gorriti.
Gladys Artunduaga dijo en su testimonio que fue la última persona que vio con vida a Juana Francisca Torres Cabrera, una militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue en la noche del 10 de junio, cuando ella, junto a María Alicia del Valle Ranzoni y Dominga Álvarez de Scurta, fueron sacadas de la cárcel de Villa Gorriti y entregadas al comisario de la policía de Jujuy, Ernesto Jaig. A Torres Cabrera y Ranzoni nunca más se las volvió a ver. El cadáver de Álvarez de Scurta fue hallado en 1984 en el cementerio de Yala, donde había sido enterrada como NN.
Artunduaga relató que Juana se pudo quedar unos minutos en la celda con ella y le dijo “esta noche estamos sentenciadas a morir”. Le pidió además que se asegurara que su hija estuviera con su madre y creciera en libertad. Después contó que la abrigó con un tapado y un pañuelo, porque hacía mucho frío, «y ella se puso como una niña».
La declaración de la mujer ante el Tribunal estuvo teñida por el llanto. Artunduaga lloraba y tomaba la mano de su hija, quien también se quebró varias veces durante el conmovedor relato de su madre. “Las chicas, Juanita, Alicia y Dominga, estaban conscientes que iban a morir”, evocó.
Artunduaga no pudo dar precisiones, pero señaló que los presos que eran sacados del penal por las fuerzas represivas, que los llevaban a Guerrero. «De ahí no salían con vida, las mataban”, afirmó. En ese lugar funcionó uno de los once centros clandestinos de detención en la provincia.
Más adelante señaló que las celadoras que las cuidaban, cada vez que pasaban por las celdas que habían ocupado Torres Cabrera, Ranzoni y Scurta, “se persignaban porque creían que deambulaban sus espíritus”.
Durante su detención en el penal de Gorriti, Gladys Artunduaga vio llegar a las tres desaparecidas dolorosamente torturadas, castigos que perduraron hasta los últimos días que estuvieron en la cárcel. Ella misma las vio: enfatizó que cada vez que las reiraban de sus celdas, las tres volvían “muy golpeadas y torturadas; los dolores que tenían en sus cuerpos eran muy fuertes”.
Contó que los represores que las torturaban físicamente también lo hacían mentalmente, ya que afirmaban que se delataban entre ellas, mientras las quemaban y picaneaban.
Artunduaga denunció que los exmiembros del servicio penitenciario Carlos Alberto Ortiz y su hermano Ricardo Orlando, dos de los acusados en este proceso, ya pertenecían al ejército y eran los responsables del pabellón de mujeres.
La mujer fue detenida el 22 de mayo 1975, cuando un operativo policial la sacó de la escuela Gabriela Mistral de la localidad de La Mendieta en momentos en que daba clase a sus alumnos de segundo grado del turno tarde, mientras los chicos de siete años “eran apuntados por ametralladoras”.
La trasladaron a la comisaría del pueblo y luego al hogar del Buen Pastor, donde permaneció hasta noviembre de ese año, cuando fue alojada en la cárcel local. En octubre de 1976 fue derivada al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, de donde fue liberada en 1982.
Relató que su estadía en el penal jujeño fue de «días y noches de terror y angustia, y era peor cuando abrían una celda, porque teníamos la idea de que nos sacaban para matarnos».
Recordó a Eulogia Cordero de Garnica, otra militante del PRT que tiene a sus dos hijos desaparecidos, quien llegó a la prisión muy torturada y le confesó: “A mí me pasó lo peor que le puede pasar a una mujer, ser violada delante de sus hijos”.
En esta jornada declararon otros cuatro testigos: Carlos Alberto Villarroel, Zacarías Portillo, Luis Remigio Castillo y Arnulfo Carrasco, todos exintegrantes del servicio penitenciario local. El primero de ellos se confesó amigo y compadre del acusado Carlos Ortiz y padrino de su hija mayor. Incurrió en varias contradicciones respecto del funcionamiento de la cárcel, hasta que fue advertido por la presidenta del Tribunal, Fátima Ruiz López, de que el falso testimonio está penado por la ley.
Por su parte, Portillo admitió que el penal estaba controlado por el Ejército y la Gendarmería nacional, que cuando los presos políticos eran sacados de la cárcel eran llevados al regimiento militar y que recibían órdenes de ambas fuerzas represivas.
En tanto Castillo admitió que ambos organismos de seguridad les habían prohibido acercarse a los pabellones 1 y 4, donde estaban alojados los hombres y mujeres, respectivamente, a los que llamaban «subversivos”. Por último, Carrasco señaló a los también imputados Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate como integrantes de un grupo de tareas militar.
Los procesados están acusados de los delitos de secuestros, torturas y crímenes y son Antonio Orlando Vargas, oficial del Ejército, a cargo del servicio Penitenciario desde el 24 de marzo de 1976, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio, y los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, algunos de ellos integrantes del Área 323.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Jujuy está integrado por los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz. En la audiencia de mañana, a partir de las 9.30 horas, brindará testimonio otro testigo víctima, Juan Felipe Noguera, y otros exguardiacárceles.
