Para el abogado de ATE, las denuncias contra trabajadores de la Dipec tienen una motivación electoral

Miguel Fiad es abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y representa a los trabajadores despedidos de la Dipec y denunciados penalmente por el Ejecutivo por supuestos delitos cometidos durante el desempeño de sus cargos. En diálogo con El Submarino Radio (91.5), rechazó las acusaciones contra los cinco trabajadores de la Dipec que lanzaron el gobernador Gerardo Morales y la titular de esa repartición para justificar los despidos. «La situación es irregular y abusiva», describió.

“Estamos hablando de trabajadores de 30, 32, 20 y 21 años de antigüedad, que vienen renovando sus contratos de locación de servicio desde hace años, y un día llegaron a su lugar de trabajo y recibieron una resolución de la directora de la Dipec que rescindía el último contrato que habían firmado”, repasó el abogado.

Fiad refirió que los motivos que les dieron a los trabajadores para la rescisión de sus contratos eran “supuestos hechos que podrían constituir delitos”, y aclaró: “Hablo en potencial porque es la misma resolución la que habla en potencial, que dice ‘La referida documentación surgiría la posible comisión de los siguientes delitos’”.

Uno de los problemas que se presentan es que en teoría los hechos se habrían investigado en un expediente al que los trabajadores nunca tuvieron acceso, ni cuando se llevó adelante la supuesta investigación ni cuando se presentaron en mesa de entrada a solicitarlo para presentar el recurso.

“Por lo tanto, estamos frente a un despido bajo el título de rescisión del contrato por hechos supuestamente investigados en un expediente donde jamás se les permitió el elemental derecho a la defensa ni descargo a los trabajadores, y a partir del despido se dispuso la iniciación de acciones penales sobre las que los trabajadores todavía no han sido notificados. Es decir, primero se despidió y ahora, sobre los hechos consumados, se empiezan a armar investigaciones”, concluyó.

“Es nulo de nulidad absoluta por haber violentado todo principio de legítima defensa y de debido proceso”, afirmó, y agregó: “Esto debe seguir un camino administrativo y judicial para demostrarlo. El problema es que la gente está en la calle y sin su sueldo”.

El letrado explicó cuál debería ser el camino de la supuesta denuncia penal contra estos trabajadores: “El fiscal debe analizar si esos hechos prima facie constituyen un delito. Y después, si esos delitos a criterio del fiscal existen y fueron cometidos por las personas que están denunciando, tiene que notificar a los imputados, que se deben presentar a ejercer su derecho”.

Pero hay otras cuestiones que preocupan. Por ejemplo, que los despedidos se enteraron de los motivos de su despido a través de una conferencia de prensa del gobernador y de la directora de la Dipec, porque nunca se los notificó de esas supuestas irregularidades.

“Nunca se les permitió presentar un descargo ni se les armó el más elemental sumario disciplinario de investigación”, advirtió Fiad.

De acuerdo al Estatuto del Empleado Público, explicó, está prevista la posibilidad de separar de las funciones a un trabajador mientras dura la investigación. Sin embargo, en este caso no se aplicó esa figura sino que directamente se los despidió, sin que tuvieran ninguna instancia de defensa.

Fiad denunció además que una de ellos encontró en su lugar de trabajo que su armario había sido violentado en su ausencia, cuando ni siquiera estaba despedida.

Y más: entre los despedidos hay un delegado sindical, y de acuerdo a la ley de Asociaciones Sindicales se debe pedir la exclusión de tutela antes de despedir a un delegado. En este caso, solo se le notificó de la resolución firmada por la directora en la que le rescinde el contrato.

“La situación es irregular y abusiva”, sintetizó el abogado, quien presentaba esta mañana un recurso de revocatoria.

“Primero tenemos que agotar una vía administrativa, que es impugnar este acto dispuesto por la directora y pedir la reinstalación, y lo mismo vamos a solicitar en el amparo sindical que interpondremos la semana que viene”, adelantó.

-La denuncia contra estos trabajadores es grave. Los acusan de asociación ilícita y violación de datos estadísticos, entre otras cosas.

-¿Eso lo dice el juez? ¿O quién? Esas cosas las tiene que decir un juez. En una parte de la conferencia de prensa, la directora dice que estas cinco personas componen una asociación ilícita y que tienen incidencia sobre el riesgo país y la deuda externa. Está hablando de un gobierno que se endeuda por cien años, que hipoteca el patrimonio de nuestros nietos e hijos, y resulta que, en todo caso, un error en el desempeño laboral de cinco trabajadores de Jujuy puede afectar el riesgo país…

-¿Qué lectura hace usted?

-Me parece de estas grandes megacausas mediáticas son para llegar a las elecciones con algo. La funcionaria enumeró un listado de delitos, pero eso lo tiene que decir un juez luego de una investigación penal. Un funcionario no puede dar por cierto que se han cometido delitos, no puede ponerse a redactar eso y despedir gente porque considera que determinados hechos son delitos y por lo tanto amerita dejar sin trabajo y sin sueldo a personas que trabajan hace 30 años en el estado provincial.